Decenas de madres de víctimas de desaparición en Guerrero exponen públicamente acoso sexual, manipulación de cifras y omisión deliberada por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), exigiendo acciones inmediatas a la gobernadora y presidenta.
En la víspera del 10 de mayo de 2026, una jornada habitualmente festiva, Chilpancingo se transformó en epicentro de una enérgica movilización. Decenas de madres de víctimas de desaparición, provenientes de diversos municipios de Guerrero, marcharon para exponer la negligencia sistémica de las autoridades. Su clamor se dirigió directamente a la gobernadora Evelyn Salgado y a la presidenta Claudia Sheinbaum, urgiéndolas a que el Estado asuma su responsabilidad inherente en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, una labor que, denuncian, son forzadas a realizar ellas mismas.
El eco de la protesta en Chilpancingo: Un 10 de mayo de lucha
A las 10 de la mañana de este sábado, colectivos de familiares de víctimas de desaparición convergieron en un recorrido que inició en el monumento a las Banderas. La marcha avanzó por la avenida Lázaro Cárdenas y el bulevar Vicente Guerrero, culminando en las instalaciones de la fiscalía estatal. Durante el trayecto, el paisaje urbano se cubrió de fichas de búsqueda, adheridas a monumentos, postes, paredes y fachadas de oficinas de gobierno, visibilizando la ausencia de sus seres queridos.
Las consignas resonaron con fuerza a lo largo del trayecto, articulando la frustración y el dolor colectivo: «¡10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta!». Otras proclamas incluyeron: «¡Señor, señora, no sea indiferente, secuestran a nuestros hijos delante de la gente!», y un mordaz «¡La presidenta decía que todo cambiaría! ¡mentira, mentira, la misma porquería!». La determinación maternal se hizo patente con gritos como «¡hijo escucha, tu madre está en la lucha!» y «¡padre, escucha, tu hija está en la lucha!».
La movilización contó con la participación activa de colectivos clave en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de desaparecidos en la región. Entre ellos se encontraban Guerrero No Más Desaparecidos, Familiares en Búsqueda María Herrera, Fe y Esperanza hasta encontrarles Guerrero, Memoria Verdad y Justicia de Acapulco, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, y el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello. Es de destacar que en la actividad se observó la presencia de niños y niñas, quienes esperan el regreso de sus padres, madres, tíos, tías e incluso abuelos, evidenciando la magnitud generacional de la tragedia.
Tras la colocación de losetas con los rostros de las víctimas, un gesto que amplía el memorial iniciado por las madres el año anterior frente a la FGE, se ofició una misa conmovedora. Este acto de fe y esperanza tuvo como propósito implorar por el retorno de sus seres queridos, mientras que, previamente, las madres leyeron un pronunciamiento contundente que sentenciaba la inoperancia institucional.
Desvelando la inacción: La FGE bajo el escrutinio social
El pronunciamiento de las madres destacó una realidad alarmante: Guerrero no solo se percibe como el estado más violento de México, con un número significativo de fosas clandestinas, sino también como una entidad donde las instituciones han optado por una mirada deliberada y cobarde hacia otro lado. Esta inacción oficial obliga a las familias a sepultar su dolor en cada cerro y fosa que rastrean.
La Fiscalía General del Estado (FGE) fue señalada explícitamente como una de las instituciones más fallidas, cínicas y peligrosas para los familiares de desaparecidos. La FGE, acusan, no cumple con su mandato fundamental: no emprende búsquedas activas, no despliega personal en campo, no realiza rastreos ni lleva a cabo investigaciones con la urgencia crítica que demanda cada hora transcurrida desde que una madre reporta la ausencia de su hijo.
Por el contrario, la FGE se dedica a «maquillar, manipular, esconder, alterar cifras», buscando que los números oficiales no revelen la grave realidad que se vive en el estado. Se ha denunciado la ausencia de certeza en el número real de desaparecidos en Guerrero, atribuyendo esta opacidad a la mentira institucional. La conclusión es categórica: «No es negligencia, es complicidad».
Las madres buscadoras señalaron directamente al fiscal general, Zipacná Jesús Torres Ojeda. Lo acusan de permitir, consentir y avalar esta situación con su silencio cómplice, su incapacidad manifiesta y su falta de voluntad para imponer orden en una institución que debería representar el último bastión de justicia para aquellos sin otro recurso.
El entramado de la Coordinación Pericial: Acusaciones de acoso y manipulación
En un estado que enfrenta una severa crisis de identificación forense, la Coordinación General de los Servicios Periciales de la FGE carece de antropólogos forenses suficientes y de la capacidad técnica real necesaria para identificar a las víctimas. Esta deficiencia agrava la situación de incertidumbre que viven miles de familias.
Adicionalmente, se denunció que esta Coordinación, bajo el mando de Héctor Ramírez Chávez, manipula, esconde y falsea las cifras tanto de personas desaparecidas como de cuerpos sin identificar. Estas acciones entorpecen gravemente los procesos de verdad y justicia.
Las acusaciones contra Ramírez Chávez se extienden al ámbito personal, con señalamientos de hostigamiento sexual en contra de dos antropólogas. Esta conducta inapropiada las obligó a renunciar, lo que resultó en una pérdida crítica de la capacidad técnica para el análisis de restos humanos dentro de la institución. Las madres afirmaron que las dos profesionales «se fueron y con ellas la capacidad técnica para el análisis de restos humanos», denotando la grave consecuencia de estas acciones.
Guerrero, tierra de impunidad: El clamor por justicia y destitución
Las madres exigieron la destitución inmediata de Héctor Ramírez Chávez de su cargo como Coordinador General de los Servicios Periciales. Asimismo, instaron al fiscal general Zipacná Jesús Torres Ojeda a asumir una responsabilidad genuina, no a través de comunicados retóricos, sino mediante acciones concretas e investigaciones profundas y eficaces.
El clamor de las madres se sintetiza en una demanda fundamental: que el Estado busque activamente, que realice el trabajo que le corresponde, y que deje de obligarlas a ellas a cumplir con una función que le es inherente a la autoridad. Con una firmeza inquebrantable, declararon: «Somos las madres buscadoras de Guerrero. Cargamos una cruz que nunca pedimos. No nos van a callar, ni detener».
Reafirmaron que detrás de cada número maquillado en las estadísticas oficiales existe un nombre y una vida; que cada cuerpo sin analizar representa a una familia esperando respuestas y cierre; y que cada fosa hallada encierra una historia que el Estado intentó infructuosamente enterrar. Las madres concluyeron su pronunciamiento con la exigencia rotunda de que Guerrero deje de ser una tierra de impunidad.
