Por Alejandro Peza
CHETUMAL.- La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, confirmó que se alcanzaron acuerdos entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y habitantes de los asentamientos irregulares El Cordobés y Los Palomos, luego de las protestas que realizaron los colonos por la entrega de un recibo colectivo de energía eléctrica superior a los 101 mil pesos.
La funcionaria informó que, después de las inconformidades expresadas por las familias, se estableció un diálogo con representantes de la empresa eléctrica para buscar una solución al problema que enfrentan los habitantes de ambas colonias, quienes manifestaron su preocupación por el monto que se les pretendía cobrar por el suministro de electricidad.
El conflicto surgió luego de que los vecinos recibieran un cobro colectivo que supera los 101 mil pesos, situación que generó molestia e incertidumbre entre las familias, debido a que consideran que el monto representa una carga económica difícil de cubrir.
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Ante esta situación, los habitantes realizaron movilizaciones para exigir la intervención de las autoridades y una respuesta de la CFE, al considerar que el cobro debía revisarse antes de exigir su pago.
Cristina Torres Gómez señaló que las gestiones permitieron establecer acuerdos entre las partes, con el propósito de atender las demandas de los colonos y evitar que el problema continuara escalando.
«El acercamiento con la CFE representa un paso para encontrar una salida a la problemática del suministro eléctrico en estos asentamientos, donde las condiciones de irregularidad también complican la prestación y regularización de los servicios básicos», comentó.
Un dato importante es que aunque se confirmó que hubo acuerdos con la CFE, el seguimiento de los compromisos será fundamental para determinar cómo se resolverá el cobro colectivo que originó las protestas
La secretaria de Gobierno destacó la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre las instituciones y los ciudadanos, particularmente cuando existen conflictos relacionados con servicios indispensables para las familias.









