Redacción
- Gobernadora de Campeche responde en su programa “Martes del Jaguar” al escándalo por el caso Tribuna
CAMPECHE, Camp., 18 de junio de 2025.– En plena controversia por la vinculación a proceso del periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna Campeche, la gobernadora Layda Sansores San Román aseguró que no se trata de un acto de censura ni de persecución política, sino de la aplicación de la ley frente a lo que calificó como una “campaña de odio” en su contra.
Durante la emisión de anoche de su programa “Martes del Jaguar”, Sansores defendió la resolución judicial que impone una multa de dos millones de pesos, el embargo de bienes, el cierre del sitio web del periódico y la prohibición de ejercer el periodismo al comunicador durante dos años.
“No es mi decisión, es una resolución judicial. No puede seguirse permitiendo que se agreda a las mujeres desde los medios con ese nivel de saña y violencia”, expresó la mandataria morenista, en alusión a los ataques publicados en la columna “Las Tripas del Jaguar”.
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El caso
El pasado 13 de junio, una jueza local vinculó a proceso a González Valdez por el presunto delito de incitación al odio y violencia de género, luego de una denuncia presentada por el equipo jurídico de la gobernadora. El comunicador fue detenido en abril, y aunque se encuentra en libertad, enfrenta medidas cautelares que incluyen la suspensión de actividades periodísticas.
González asegura que fue retirado formalmente del diario desde 2017, cuando se jubiló, y que la columna en cuestión no era de su autoría. Ha denunciado acoso judicial, vigilancia policiaca y una clara intención de silenciar a medios críticos.
La respuesta oficial
Durante su intervención, Sansores reiteró que se agotaron previamente todas las medidas preventivas. “Hubo medidas cautelares que no se respetaron. El Poder Judicial actuó porque ya era insostenible”, dijo.
El gobierno estatal afirma que esta es la primera vez que se logra una sentencia de este tipo por violencia mediática contra una figura pública, y ha sido presentada como un “precedente legal para proteger a mujeres en política”.
