Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, denunció la movilización de camiones con simpatizantes de otros estados hacia Chihuahua para la marcha de Morena contra la gobernadora Maru Campos, cuestionando la legitimidad del evento y el uso de recursos.
La denuncia de camiones: ¿movilización genuina o acarreo político?
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expuso el sábado 16 de mayo de 2026, la presunta movilización de vehículos de transporte provenientes de diversas entidades federativas hacia Chihuahua. Según sus declaraciones, publicadas en un video en redes sociales, camiones de Guerrero, Aguascalientes y Coahuila se trasladaron con el objetivo de participar en una manifestación convocada por Morena. Esta acusación subraya una práctica política cuestionable, donde líderes emplearían las necesidades de las personas para generar una apariencia de respaldo masivo. La afirmación central de la panista sugiere una estrategia para influir en la percepción pública mediante la movilización de individuos ajenos a la problemática local de Chihuahua, distorsionando así la espontaneidad o el arraigo de la protesta.
El respaldo panista ante la acusación de traición a la patria
López Rabadán expresó un apoyo irrestricto a la gobernadora Maru Campos, calificando de «traición tan grande» la acción de políticos que, según sus palabras, «apoyan a los delincuentes» mientras «atacan a quien desmantelan narcolaboratorios». Esta declaración establece un claro contraste entre la postura de Campos frente al crimen organizado y la supuesta complacencia de otros actores políticos. La diputada señaló directamente que aquellos que «se están entregando en Estados Unidos» constituyen una «prueba clara» de las denuncias de larga data sobre estas conexiones. La defensa de Campos se enmarca en un contexto donde, según López Rabadán, mientras «políticos de Sinaloa señalados por sus vínculos con el crimen organizado se esconden, piden licencia o se entregan en Estados Unidos», los miembros del PAN, como ella, «dan la cara».
La controversia se intensifica con la convocatoria de Morena a una movilización en la capital chihuahuense, cuyo propósito es exigir un juicio de desafuero contra la gobernadora Campos. La base de esta demanda radica en acusaciones de «traición a la patria» vertidas contra la mandataria. En respuesta a esta coyuntura, durante la semana previa, otros líderes panistas también manifestaron su solidaridad con Campos. Entre ellos, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri; la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García; y la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, difundieron videos de apoyo, aunque de corta duración. Este frente común del PAN busca blindar políticamente a Campos ante las presiones de desafuero.
El desafío de la impunidad: un llamado a la acción política
La presidenta de la Cámara de Diputados articuló una demanda contundente para que los gobiernos rompan «de una vez por todas el pacto de impunidad» heredado. Este llamado a la acción trasciende la coyuntura local de Chihuahua, apelando a la responsabilidad de todos los ciudadanos mexicanos desde «cada trinchera» para exigir un cambio estructural en la relación entre política y crimen organizado. La alusión a políticos vinculados con el crimen que buscan refugio o se sustraen de la justicia refuerza la narrativa de una crisis de impunidad que requiere una confrontación directa y transparente. La postura del PAN, según López Rabadán, se posiciona como una fuerza que no evade la rendición de cuentas, contrastando con aquellos que optan por la ocultación o la autoentrega para eludir sus responsabilidades.
