A dos décadas de la represión en Atenco, las víctimas denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado mexicano mantiene el caso en la impunidad, sin policías procesados por tortura sexual y con graves deficiencias en la atención médica y los mecanismos de no repetición prometidos.
El estancamiento judicial tras dos décadas de omisión estatal
En vísperas de cumplirse 20 años de los operativos policiales en Atenco, Estado de México, y a ocho años del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el panorama legal es desolador. Durante una audiencia virtual y cerrada de supervisión de cumplimiento, las 11 mujeres víctimas de tortura sexual expusieron que la justicia regional no ha logrado materializarse en sanciones concretas. Edith Rosales, una de las denunciantes, enfatizó que mientras ellas sufrieron encarcelamiento injustificado, no existe actualmente un solo agente policial procesado por las agresiones cometidas.
La falta de voluntad política se manifiesta en lo que las víctimas describen como una táctica de evasión institucional. Las autoridades del Estado de México y la Fiscalía General de la República (FGR), operando mediante la Fevimtra, han incurrido en un constante deslinde de responsabilidades. A pesar de que la Federación obtuvo la competencia del caso tras un amparo tramitado por las propias agredidas, la incapacidad ministerial ha impedido llevar ante los tribunales a 19 expolicías federales, incluyendo mandos medios, prolongando un ciclo de impunidad que desafía los mandatos internacionales.
Deficiencias en la investigación y exclusión de la cadena de mando
La narrativa de las víctimas ante los jueces, presididos por Verónica Gómez, resalta la ausencia de un plan de investigación formal. A pesar de las solicitudes reiteradas, el Estado no ha garantizado el derecho a la coadyuvancia ni ha presentado una ruta clara para esclarecer los hechos. Las acusaciones formuladas por la Fevimtra han sido señaladas por contener errores técnicos sustanciales, lo que obstaculiza cualquier avance real en el proceso.
Un punto crítico en la demanda de justicia es la omisión de los autores intelectuales. La sentencia de la Corte IDH es explícita en la necesidad de investigar la cadena de mando que ordenó la represión en mayo de 2006. Sin embargo, el Ministerio Público federal solo reconoce formalmente como víctimas a tres de las once mujeres, limitando el alcance del proceso penal. Eduardo Guerrero Lomelí, del Centro Prodh, denunció que la representación legal de las víctimas ha sido marginada, enfrentando ahora un proceso de amparo tramitado por la propia Fevimtra para intentar ejecutar órdenes de aprehensión rezagadas.
Negligencia en la reparación integral y servicios de salud
La dimensión de la reparación del daño muestra fallas sistemáticas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La denominada «indolencia y negligencia» de este organismo ha provocado que solo cuatro de las once mujeres acepten continuar con los servicios de salud proporcionados por el gobierno. Yolanda Muñoz Diosada relató cómo las familias deben absorber los costos de medicamentos y tratamientos ante la falta de atención adecuada, enfrentando procesos burocráticos revictimizantes para obtener reembolsos que rara vez llegan a tiempo.
- Obstáculos financieros: Incapacidad de la CEAV para cubrir facturas mínimas de gastos médicos desde junio de 2025.
- Trato revictimizante: Exigencias administrativas excesivas para acceder a derechos ya reconocidos por tribunales internacionales.
- Impacto psicológico: Falta de acompañamiento especializado y constante conforme a los estándares de la Corte IDH.
Incumplimiento de las medidas de no repetición y supervisión externa
El compromiso de transformar la institucionalidad para evitar nuevos casos de tortura sexual permanece como una tarea pendiente. El Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, creado en 2015, carece de modelos de actuación efectivos. Aunque se emitió un Diagnóstico Nacional en 2021, la segunda edición sigue sin fecha definida. Asimismo, la orden de implementar un observatorio independiente para la Guardia Nacional se enfrenta a un muro de opacidad.
Los riesgos se han intensificado tras la reforma constitucional de 2024, que integró a la Guardia Nacional en la Fuerza Armada permanente. Esta estructura, sumada a la ampliación del fuero militar y la opacidad en los informes de uso de la fuerza, hace que la supervisión externa sea más urgente que nunca. Norma Jiménez puntualizó ante los jueces que, tras 20 años, la exigencia sigue siendo la misma: seguridad, trato digno y una vida libre de violencia, derechos que el Estado mexicano aún no logra garantizar de manera efectiva.
