El juez federal James Boasberg ordenó a la administración de Donald Trump identificar los estados presionados respecto al voto de no ciudadanos, en una disputa judicial impulsada por líderes demócratas contra la intervención electoral federal.
Exigencia judicial sobre cartas de advertencia
El juez James Boasberg fijó como plazo el viernes para que el gobierno de Trump revele qué entidades recibieron advertencias del Departamento de Justicia.
La orden judicial exige detallar los estados cuyos funcionarios recibieron notificaciones sobre los padrones electorales. Esta medida surge en el marco de una demanda presentada el 20 de octubre de 2026 por el Partido Demócrata, que acusa al Ejecutivo federal de socavar la administración electoral descentralizada.
- Demandantes principales: Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Comité de Campaña Senatorial Demócrata, Comité de Campaña Congresional Demócrata y la Asociación de Gobernadores Demócratas.
- Demandados: Donald Trump, Departamento de Justicia, Fiscal General Todd Blanche, Departamento de Seguridad Nacional y su secretario Markwayne Mullin.
El magistrado indicó que la administración puede frenar el procedimiento judicial si presenta una notificación formal de que desistirá de las conductas electorales impugnadas. Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Christian Dibblee, defendió las acciones gubernamentales bajo el argumento de que las cartas solo advierten sobre posibles violaciones a la ley federal.
Disputas jurisdiccionales y antecedentes en California
El Departamento de Justicia apeló de inmediato un fallo adverso en California que frenó su intento de bloquear el conteo de votos por correo.
| Actor / Institución | Posición en el litigio | Acción principal ejecutada |
| Departamento de Justicia | Demandado | Envío de cartas y demandas estatales para frenar el voto de probables no ciudadanos. |
| Liderazgo Demócrata | Demandante | Solicitud de orden restrictiva para evitar la eliminación de votantes registrados. |
| Juez James Boasberg | Árbitro judicial | Orden de identificación de estados y evaluación de la legitimación procesal. |
El gobierno federal sostiene que posee pruebas de sufragios irregulares por parte de personas sin ciudadanía, aunque los datos oficiales de los estados y las propias investigaciones federales califican dicha incidencia como extremadamente rara. Paralelamente, la administración argumenta que las peticiones demócratas restringen su deber constitucional de hacer cumplir la legislación federal.
Por su parte, el abogado demandante Uzoma Nkwonta calificó la actuación del Ejecutivo como una campaña sin precedentes para interferir en los comicios de mitad de mandato. El juez Boasberg, nominado por Barack Obama y previamente cuestionado por la Casa Blanca tras fallos migratorios, señaló que el punto más complejo de resolver es si los demandantes poseen la legitimación procesal requerida para sostener la causa antes de la sentencia prevista para el lunes.
