El presidente chileno José Antonio Kast presentó un proyecto para modificar el régimen de reducción de condenas, luego de que su administración otorgara este beneficio a más de cincuenta pederastas y violadores de menores de edad.
Modificación legal ante la crisis institucional
El gobierno de José Antonio Kast ingresó al Congreso un proyecto para transformar la ley de reducción de condenas tras confirmarse la liberación de criminales sexuales.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, ingresó el martes al Congreso un proyecto de ley que modifica el régimen de reducción de condenas por buen comportamiento. La medida se implementa en medio de un terremoto político generado tras revelarse que el Ejecutivo otorgó la rebaja de sentencias a más de cincuenta condenados por abusos y violaciones de menores de edad.
La iniciativa modifica la normativa destinada a la reinserción social de reclusos mediante la reducción de penas por conducta carcelaria. La controversia estalló cuando se conoció que, en los últimos meses, el sistema favoreció a pederastas y agresores sexuales. Ante este escenario, Kast reconoció públicamente que el Estado «falló» y activó protocolos para impedir que una situación similar se repita, asumiendo la responsabilidad ejecutiva correspondiente frente a las víctimas.
| Variable del Caso | Detalle Institucional |
| Mandatario | José Antonio Kast |
| Ministro implicado | Fernando Rabat |
| Subsecretario cuestionado | Luis Silva |
| Total de rebajas | 56 sentencias reducidas (27 abuso sexual, 29 violación) |
| Fecha de revelación | Octubre de 2026 (Medio: Interferencia) |
El escándalo de Justicia y el blindaje ministerial
La investigación periodística reveló cincuenta y seis rebajas de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia desde marzo, desatando una ofensiva política.
El caso salió a la luz la semana pasada a través de una investigación del medio local Interferencia, la cual documentó que el Ministerio de Justicia otorgó 56 reducciones de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores desde que Kast asumió el poder en marzo. Del total de beneficiados, 27 individuos cumplían condena por abuso sexual y 29 por violación.
Las revelaciones provocaron demandas transversales de renuncia contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Pese a las críticas, el mandatario optó por blindar al funcionario. Rabat defendió la actuación de su cartera al señalar que el rol ministerial se limita a verificar el cumplimiento de requisitos formales, sin realizar una ponderación casuística de los antecedentes de cada interno.
Presión legislativa y movilizaciones en Santiago
Parlamentarios preparan una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat mientras organizaciones feministas marchan exigiendo su dimisión inmediata.
Las explicaciones gubernamentales generaron un profundo malestar en el espectro político. Legisladores de la oposición anunciaron la presentación de una acusación constitucional para abrir un juicio político contra Rabat en la Cámara de Diputados. Paralelamente, diputados oficialistas y aliados de Kast se sumaron a las exigencias de dimisión, destacando que la infancia constituye un límite intransable para la lealtad política.
En paralelo, decenas de personas se concentraron frente a las dependencias del Ministerio de Justicia en Santiago. La protesta, convocada por unas 15 organizaciones feministas y ciudadanas, exigió la salida de Rabat y del subsecretario Luis Silva bajo consignas de rechazo a la impunidad de agresores sexuales de menores.
