Jalisco enfrenta quiebre institucional por la crisis de desapariciones

Colectivos en Jalisco exigen fiscalía autónoma y presupuesto tras registrarse 16,192 personas desaparecidas. Analizamos la crisis y el reclutamiento forzado.
Jalisco enfrenta quiebre institucional por la crisis de desapariciones

La movilización de colectivos en Guadalajara exige la creación de una fiscalía autónoma con presupuesto propio para localizar a las 16 mil 192 personas desaparecidas registradas en el estado hasta el 31 de julio de 2026.

Exigencia de autonomía presupuestal frente al rezago oficial

Los colectivos de búsqueda demandan la operatividad real de una fiscalía especializada, advirtiendo que la falta de recursos específicos y la carga administrativa de los Ministerios Públicos impiden el avance en las investigaciones.

La marcha, realizada en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, concentró a organizaciones como Luz de Esperanza, Fundej, Entre el Cielo y Tierra, Guerreras de San Miguel, Altos Sur en Busca de Ti y Madres Buscadoras. Héctor Flores González, secretario general de Luz de Esperanza, señaló la inexistencia de fiscalías que cumplan con el mandato legal de especialización, alertando que la fiscalía autónoma aprobada en comisiones podría tardar dos años en funcionar ante la ausencia de una partida presupuestal garantizada.

  • Sobrecarga operativa: Los Ministerios Públicos gestionan más de 300 carpetas de investigación por funcionario.
  • Prioridad en vida: El colectivo Entre el Cielo y Tierra exige protocolos que privilegien la localización inmediata, denunciando inconsistencias entre los tiempos de desaparición y la identificación de restos por el Semefo.
  • Variación etaria: Se documenta un incremento en la desaparición de menores de entre 12 y 16 años.

Denuncias de intimidación y colusión institucional

Durante la movilización se reportaron intentos de disuasión y testimonios sobre vínculos entre mandos policiales y estructuras criminales.

Integrantes de Luz de Esperanza señalaron que elementos de policía en bicicleta intentaron desviar la marcha mediante advertencias sin sustento de ataques armados. Paralelamente, Luis Mora, oficial de Zapopan, denunció represalias y atentados tras negarse a aceptar sobornos, afirmando que existen nexos operativos entre mandos policiales y grupos delictivos en la entidad.

Limitaciones operativas en la atención a víctimas

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) admitió la insuficiencia de personal para procesar los expedientes activos.

Francelia Hernández Cuevas, secretaria técnica de la CEEAVI, confirmó que la institución maneja cerca de 400 expedientes vinculados a desapariciones. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral cuenta con 40 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 31 millones; no obstante, el acceso a estos recursos está condicionado a sentencias judiciales o recomendaciones de Derechos Humanos.

El reclutamiento forzado como motor del fenómeno

El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, vinculó la problemática a una estrategia de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Durante la homilía en el Santuario de los Santos Mártires Mexicanos, el religioso enfatizó que el Estado es el único responsable de la localización de los desaparecidos, desestimando la narrativa que desplaza esta carga hacia los familiares. Robles Ortega calificó el fenómeno como una forma de violencia estructural que impide la paz social y señaló que el crimen organizado ha identificado en los adolescentes una fuente de mano de obra «más redituable» para sus actividades ilícitas.

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