La Autoridad Italiana de Protección de Datos impuso una multa de 805 millones de euros a Meta Platforms Ireland por el acceso sin consentimiento a fotografías, videos y metadatos de 20 millones de usuarios Android en Italia, mediante su aplicación Facebook.
El gravamen económico, oficializado por la Autoridad Italiana de Protección de Datos, se fundamenta en el acceso no autorizado a información privada de usuarios italianos a través de la aplicación de Facebook para Android. La sanción penaliza a Meta Platforms Ireland Limited por infringir la normativa de privacidad al obtener fotografías, videos y metadatos asociados, almacenados en los dispositivos móviles de los usuarios, sin haber recabado el consentimiento específico ni haber informado de manera adecuada sobre esta práctica. La investigación que derivó en esta resolución se inició en julio de 2025, tras un informe técnico del Centro de Protección al Consumidor de Bolzano. La afectación de esta infracción se focaliza exclusivamente en los usuarios de dispositivos con sistema operativo Android.
La controversia se centra en la función «Obtén sugerencias de tu galería al navegar por Facebook», operativa desde 2023. Esta herramienta, diseñada para proponer imágenes y videos de la galería del teléfono para su eventual publicación en la red social, fue objeto de escrutinio regulatorio.
Fundamento regulatorio y la fractura de la Privacidad Digital
La Autoridad italiana dictaminó que Meta infringió la privacidad al solicitar una autorización única para múltiples funciones de la aplicación, sin detallar el acceso a la galería.
Las indagaciones del organismo regulador revelaron que la autorización para acceder a la galería fotográfica se solicitaba mediante un único proceso, cuya validez se extendía a la totalidad de la aplicación y a múltiples funciones con distintas necesidades operativas. Esta solicitud de permiso estaba precedida por una advertencia genérica bajo el enunciado «habilitar otras funciones», lo que impedía al usuario discernir que, al aceptarla, también estaba autorizando las sugerencias derivadas de su galería personal. Un aspecto crítico de la configuración era que la función se encontraba activada por defecto, incrementando su alcance sin intervención activa del usuario.
Una vez concedida, dicha autorización habilita a la aplicación para leer el archivo fotográfico completo del dispositivo, habitualmente de forma permanente, impidiendo tanto al usuario como a la Autoridad verificar qué información específica estaba siendo efectivamente utilizada. La Autoridad ha precisado que esta práctica constituye una infracción directa del Artículo 122 del Código de Privacidad, el cual incorpora la directiva europea sobre privacidad electrónica y resguarda la integridad del teléfono inteligente como componente intrínseco de la esfera privada individual. En consecuencia, cualquier acceso a la información almacenada en el dispositivo móvil exige un consentimiento que sea libre e informado, desvinculado de la ulterior transmisión de datos o de la comprobación de perjuicios directos. Además, la Autoridad rechazó la objeción de Meta respecto a la falta de jurisdicción, sustentada en su sede en Irlanda, reafirmando su potestad para actuar.
La directiva impone a Meta un plazo perentorio de 60 días para implementar una corrección sustancial de sus prácticas. La empresa deberá solicitar el consentimiento para la función específica mediante una petición separada y explícita, articulando con claridad la finalidad de la misma, las implicaciones inherentes al acceso a la galería y los procedimientos para su desactivación. Adicionalmente, la función deberá permanecer desactivada por defecto, incluso para aquellos usuarios que ya hubieran otorgado una autorización previa. Una vez superado el plazo establecido, la funcionalidad no podrá activarse para ningún usuario que no haya conferido un consentimiento válido y explícito.
Impacto y criterios aconómicos tras la multa histórica
El importe de la sanción de €805M fue determinado por el considerable volumen de usuarios afectados, la prolongada duración de la infracción y la limitada colaboración de Meta.
Para establecer la cuantía del gravamen económico, el organismo regulador ponderó una serie de factores críticos que delinearon la magnitud del perjuicio y la responsabilidad de la corporación. La valoración incluyó:
- Número de afectados: Aproximadamente 20 millones de usuarios de Android en Italia, lo que subraya la amplia escala de la infracción.
- Duración de la infracción: La persistencia de la vulneración, que sigue activa para usuarios que no han actualizado la aplicación o que ya habían concedido autorización al sistema, extendiendo el período de exposición.
- Antecedentes de incumplimiento: Una disposición previa impuesta contra la empresa en 2019, que sugiere un patrón recurrente o una insuficiente atención a los requerimientos regulatorios.
- Cooperación durante la investigación: La escasa colaboración demostrada por Meta a lo largo del proceso investigativo, lo que fue considerado un factor agravante.
Como elementos atenuantes, la Autoridad consideró los cambios introducidos por la empresa con posterioridad al informe inicial, si bien fueron calificados de tardíos y de alcance limitado, beneficiando exclusivamente a aquellos usuarios que procedieran a actualizar la aplicación. La penalización impuesta representa aproximadamente el 0.47% de la facturación global del grupo, reflejando una medida punitiva significativa en relación con sus ingresos operativos.
Coraza Legal de Meta: Objeciones y Anuncio de Apelación
Meta rechaza la valoración de los hechos y la aplicación de la legislación, calificando la multa de desproporcionada y anunciando una apelación judicial.
La corporación Meta ha expresado un profundo disentimiento respecto a la valoración fáctica y la interpretación legal articuladas por el Garante, calificando el importe de la multa como «desproporcionado». Un portavoz de Meta argumentó la simplicidad funcional de la herramienta, concebida para facilitar a los usuarios la publicación de fotos y videos en Facebook. Según la postura de la empresa, los usuarios deben otorgar permisos explícitos en sus dispositivos para activar la función, y disponen de la capacidad de modificar estas autorizaciones en cualquier momento mediante la configuración. Ante esta divergencia, Meta ha manifestado su firme intención de interponer un recurso de apelación contra la decisión administrativa, buscando la revisión y potencial revocación de la sanción.
