Un juez federal dictó prisión preventiva contra Guadalupe “H”, representante legal de la empresa Ingemar, vinculada a una red de huachicol fiscal presuntamente asociada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Imputación formal y medidas cautelares
La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó cargos contra Guadalupe “H” por los delitos de contrabando y delincuencia organizada, tras su detención en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo.
Ante la solicitud de la defensa para extender el término constitucional antes de una posible vinculación a proceso, el juzgador determinó el internamiento de la imputada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur. Esta acción judicial refuerza el cerco sobre la estructura operativa de Ingemar en el marco de la investigación federal por evasión fiscal.
Alcance del operativo en la red de huachicol fiscal
Con esta detención, suman nueve las personas privadas de la libertad por su presunta participación en el esquema de contrabando de combustible.
- Estatus procesal: Ocho personas ya han sido vinculadas a proceso previamente.
- Modus operandi: La FGR sostiene que Ingemar introducía combustible desde Estados Unidos declarando volúmenes inferiores a los reales para eludir obligaciones tributarias.
- Responsabilidad legal: La imputación contra Guadalupe “H” deriva de su participación directa en actos jurídicos y operaciones de comercio exterior que permitieron la subdeclaración de mercancías.
Nexos políticos y contrapuntos en el proceso
El expediente del caso señala una conexión directa entre Ingemar y el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, figura central en la investigación que dirige la Fiscalía General de la República.
La relevancia mediática y jurídica de este proceso ha escalado tras las declaraciones contradictorias sobre el estatus de los amparos interpuestos por la compañía, involucrando incluso a figuras del ámbito gubernamental en el debate sobre la legalidad de las operaciones de la firma. La resolución sobre la vinculación a proceso definirá la continuidad de las pesquisas contra la estructura administrativa de la empresa.
