El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara una inversión de hasta 20 millones de dólares para adquirir dispositivos G.L.O.V.E., capaces de administrar descargas eléctricas de bajo voltaje para el control de individuos en operativos migratorios.
Detalles de la inversión y adquisición
La agencia federal contempla la compra de miles de unidades antes de marzo, según un aviso del Departamento de Seguridad Interior.
- Inversión prevista: Hasta 20 millones de dólares para la adquisición de los dispositivos.
- Proveedor: Compliant Technologies LLC, empresa con sede en Lexington, Kentucky.
- Denominación técnica: Emisor de Generación de Descargas de Bajo Voltaje (G.L.O.V.E.).
- Proceso de contratación: Se prevé la publicación de una convocatoria para un contrato sin licitación a partir del viernes.
Funcionamiento técnico y aplicación
Los dispositivos operan como guantes de patrulla convencionales que integran un mecanismo eléctrico activable mediante un interruptor.
La tecnología requiere contacto directo con la piel del sujeto para provocar un estímulo de dolor inmediato y agudo, diseñado para inhabilitar la resistencia en segundos. Según John Peters, presidente del Instituto para la Prevención de Muertes Bajo Custodia, el sistema actúa como una herramienta de distracción eficaz, equiparable a una picadura de abeja, facilitando el control físico en situaciones de confrontación, extracción de viviendas o traslados.
Restricciones y protocolos de uso
El fabricante establece parámetros operativos específicos para evitar abusos o daños permanentes en sujetos vulnerables.
- Prohibiciones de uso: No deben emplearse como medida punitiva ni contra personas meramente beligerantes.
- Grupos de riesgo excluidos: Niños, mujeres embarazadas, personas mayores y ciudadanos con discapacidad.
- Requisitos de capacitación: Los agentes deberán completar un curso de formación y someterse a un proceso de recertificación cada dos años.
Controversia y rechazo de organizaciones civiles
El anuncio ha generado una respuesta crítica por parte de entidades que vigilan el uso de la fuerza federal y la rendición de cuentas.
Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyecto sobre labores policiales en la ACLU, advierte sobre la peligrosidad de implementar tecnología de descarga oculta en interacciones civiles. La crítica se centra en la posibilidad de que los agentes accionen el dispositivo sin advertencia previa y en la falta de transparencia del ICE respecto al uso de cámaras corporales, lo que elevaría el riesgo de abusos durante los operativos migratorios. Por su parte, el Departamento de Seguridad Interior ha declinado emitir comentarios detallados sobre la implementación de estos recursos.
