Gobierno de Sheinbaum minimiza responsabilidad militar en Ayotzinapa

Defensores de derechos humanos revelan que el informe oficial sobre Ayotzinapa recicla datos y protege a las Fuerzas Armadas de responsabilidades.
Gobierno de Sheinbaum minimiza responsabilidad militar en Ayotzinapa

El gobierno de Claudia Sheinbaum busca restar responsabilidad a las autoridades federales y a las Fuerzas Armadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según advierten defensores de derechos humanos tras analizar el reciente informe oficial.

Cuestionan nuevas líneas de investigación presentadas por la Covaj

  • Las cuatro líneas presentadas por la Secretaría de Gobernación y la FGR carecen de novedad y fueron anticipadas por organismos internacionales.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina Padilla, junto con Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), presentaron un informe el pasado 28 de septiembre.

María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), e Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, sostienen que las cuatro nuevas líneas de indagatoria replicar datos adelantados años atrás por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Línea de Indagatoria OficialHallazgo expuestoObjeción de los representantes legales
Telefonía celular17 nuevos objetivos con llamadas entre Guerreros Unidos, policías y funerarias.La extinta Procuraduría General de la República (PGR) y la CIDH ya habían rastreado esos IMEI desde 2018.
Funeraria El ÁngelDetención de siete personas por irregularidades en restos óseos y uso de documentos.El negocio no operaba en esa ubicación en 2014; la bolsa con restos apareció en un segundo cateo.
Testimonio de menorDeclaración de un ex «halcón» de 14 años de Guerreros Unidos aportada en julio.Pruebas de búsqueda en Cocula basadas en su testimonio arrojaron resultados nulos, generando desconfianza.
Exgobernador Ángel AguirreAcusación por ordenar destruir videos del Tribunal Superior de Justicia.Sustentada únicamente en declaraciones de dos testigos protegidos sin solidez pericial.

Discrepancias técnicas en torno al uso de funerarias y crematorios

  • La hipótesis oficial de la incineración en funerarias locales carece de solidez pericial a doce años de los hechos.

El informe destaca la presunta incineración de cuerpos en establecimientos comerciales. La versión coincide parcialmente con los planteamientos divulgados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su libro ¡Gracias!, basados en testimonios de testigos protegidos como «Neto» y «El Pato», quienes señalaron el traslado de cuerpos a la funeraria Urióstegui y al crematorio de «Los Verdes».

Aguilar Rodríguez exige rigor pericial para determinar la capacidad real de los hornos en septiembre de 2014. Advierte que construir la indagatoria principal sobre estos supuestos dificulta una identificación certera y recurre al uso cuestionable de testigos colaboradores, replicando vulnerabilidades procesales.

Negativa institucional ante la entrega de folios militares y asistencia internacional

  • La Secretaría de la Defensa Nacional evade la entrega de 853 folios de inteligencia y la administración rechaza reactivar al GIEI.

Los litigantes lamentan que el Ejecutivo federal avale la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual sostiene haber entregado la totalidad del material militar solicitado, reduciendo a responsabilidades individuales la actuación de los 17 elementos castrenses implicados.

Esta actuación judicial se mantiene en el limbo jurídico debido a que la sentencia de amparo emitida en marzo no ha sido radicada formalmente por un juzgado tras la impugnación de la Sedena. Asimismo, el gobierno federal descartó la reactivación del GIEI bajo el argumento de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio por concluidos sus trabajos, limitando la colaboración internacional a posibles gestiones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

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