El gobierno federal planteó a la CNTE una aseguradora pública para administrar pensiones y fortalecer PENSIONISSSTE, respondiendo a la demanda de derogar la Ley ISSSTE 2007, buscando un modelo solidario frente a las Afores privadas.
La propuesta clave: una aseguradora para el futuro pensional
El gobierno federal propuso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la creación de una «aseguradora pública». Esta entidad se dedicará exclusivamente a la administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas. La iniciativa se plantea en coordinación con PENSIONISSSTE y busca responder a la demanda de la CNTE para abrogar la Ley General del instituto de 2007.
Las secretarías de Gobernación (Segob) y Educación Pública (SEP), junto con la dirección general del ISSSTE, explicaron que esta propuesta se integra en una estrategia para fortalecer PENSIONISSSTE. El objetivo es avanzar gradualmente hacia principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de las cuentas individuales. La autoridad destacó la medida como «la más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin».
Martí Batres, director del ISSSTE, expuso la medida a los representantes de la CNTE en la tercera reunión para destrabar el conflicto magisterial. Él resaltó que PENSIONISSSTE, al ser la única Afore 100% pública del país, representa una alternativa viable para mejorar las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales, dentro del contexto actual.
Diagnóstico crítico: el impacto de la reforma de 2007
La propuesta gubernamental surge de un diagnóstico sobre las «consecuencias negativas» de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007. Esta reforma, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales. La mayoría de estas cuentas son administradas por administradoras de fondos para el retiro (Afores) privadas. Este análisis subraya la necesidad de revertir los efectos de dicho cambio legislativo y fortalecer un modelo de seguridad social más robusto y de carácter público.
Mesas de diálogo: otras demandas y el conflicto en la capital
Durante el mismo encuentro, el secretario de Educación, Mario Delgado, reiteró la propuesta presidencial de eliminar la Unidad del Sistema para las Maestras y Maestros (USICAMM). Esta eliminación se daría tras escuchar la voz de todos los maestros, escuela por escuela. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó el respeto del gobierno hacia la libre manifestación pacífica. No obstante, solicitó evitar la afectación a los alumnos que concluyen el ciclo escolar.
La funcionaria condenó la violencia y el vandalismo, «venga de donde venga», y expresó su desacuerdo con la afectación a la movilidad de los habitantes de la capital. También criticó la obstrucción al libre paso de comerciantes, empleados y visitantes del Centro Histórico a causa del bloqueo de calles por el plantón magisterial. Este conflicto ha puesto en jaque la movilidad y economía de la Ciudad de México desde el pasado 25 de mayo, generando un impacto significativo en la vida cotidiana de la urbe.
