El Grupo de Información en Reproducción Elegida reveló en un reporte de septiembre de 2026 que, a pesar de la despenalización en 24 entidades mexicanas, los centros de salud operan patrones de violencia institucional, negligencia médica y estigma contra pacientes.
La criminalización del aborto persiste en los hospitales de México a través de seis patrones de violencia institucional identificados por GIRE, a pesar de su despenalización en 24 entidades.
La imposición de hechos y la presunción de culpabilidad clínica
El personal médico activa prejuicios penales desde el ingreso hospitalario de pacientes con emergencias obstétricas.
El informe titulado “Cómo se vive la criminalización”, publicado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), expone que la vulneración de derechos comienza cuando el personal médico asume una conducta delictiva ante pacientes que ingresan con síntomas como hemorragias. Esta presunción inicial construye una narrativa de culpa que contamina la atención sanitaria.
A pesar de la existencia del Lineamiento Técnico para el Aborto Seguro en México, emitido por el gobierno federal en 2021 y actualizado en 2022, las prácticas punitivas operan de manera transversal en el sistema de salud. GIRE documenta que el estigma se traduce en la denegación, retraso o entrega incompleta de servicios bajo la premisa de que ciertas conductas merecen castigo institucional.
Estrategias de control y alteración de expedientes clínicos
La incertidumbre y la distorsión de datos médicos operan como herramientas de coerción institucional.
| Patrón de Criminalización | Descripción Operativa | Impacto en la Paciente |
| Estado de incertidumbre | Retención deliberada de información clínica | Vulnerabilidad extrema durante urgencias |
| Distorsión clínica | Aumento artificial de semanas de gestación en expedientes | Obstaculización del acceso al aborto legal |
| Procesos penales | Interrogatorios sin defensa y pacientes esposadas a camas | Violación directa al debido proceso |
La investigación detalla cómo la negativa a proporcionar información clínica funciona como un mecanismo para forzar interrogatorios a las pacientes. Asimismo, la alteración deliberada de expedientes médicos mediante la modificación de las semanas de gestación busca bloquear el acceso a los procedimientos legales permitidos. Las formas más agresivas de esta dinámica incluyen la activación de procesos penales dentro de los nosocomios, donde las personas son interrogadas sin representación legal y sujetas físicamente a las camas hospitalarias.
Para la organización civil, la permanencia del aborto como tipo penal en los códigos locales después de las doce semanas de gestación contamina la consulta médica y distorsiona el deber ético de cuidado del personal sanitario.
Brechas estructurales y persistencia penal en las entidades federativas
Siete estados mantienen la penalización absoluta del aborto voluntario y Aguascalientes limita el plazo a seis semanas.
| Estatus legal / Criterio | Entidades federativas / Detalle |
| Despenalización parcial | 24 entidades federativas (permiten el procedimiento en el primer trimestre) |
| Penalización absoluta | Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Durango |
| Restricción temporal | Aguascalientes (limita el acceso a las primeras seis semanas de gestación) |
A nivel nacional, el acceso a servicios de salud reproductiva gratuitos y seguros enfrenta barreras adicionales documentadas en agosto de 2026 por el Centro de Análisis e Investigación Fundar en el informe “Voces por el Derecho a Decidir”. La investigación señala que el desconocimiento de los derechos por parte de las personas gestantes se agrava en comunidades indígenas que carecen de información en sus lenguas nativas.
Las investigadoras Matilde Pérez Romero y Janet Oropeza advierten que la concentración de los servicios médicos en capitales y zonas densamente pobladas obliga a los traslados prolongados. Esta falta de infraestructura accesible empuja a sectores vulnerables hacia la clandestinidad, evidenciando que el rezago institucional trasciende el ámbito estrictamente legal y fractura el derecho a la salud pública.
