La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició un proceso de investigación de oficio para determinar si el actual secretario de Economía incurrió en faltas normativas al permitir el hospedaje gratuito de su hijo en la sede diplomática de México en el Reino Unido.
La administración federal confirmó que la apertura de este expediente responde a un cumplimiento estricto de la ley, la cual mandata la investigación inmediata ante solicitudes formales o indicios de irregularidades en el servicio público. El caso, que trascendió recientemente a través de diversos medios informativos, se remonta al periodo de la pandemia, época en la que el implicado fungía como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Josefa González Blanco se desempeñaba como embajadora en territorio británico.
Aunque los hechos ocurrieron durante el sexenio anterior sin que se iniciara una indagatoria en su momento, la actual gestión enfatiza que el objetivo primordial es verificar la existencia de violaciones a las normas vigentes. En caso de que no existan lineamientos específicos que prohíban o regulen el alojamiento de familiares en residencias diplomáticas, el Ejecutivo Federal ha planteado la posibilidad de normar las características y usos de las embajadas para evitar ambigüedades en el uso de bienes públicos.
La investigación se centrará en el marco jurídico y legal que regía las funciones del canciller y el personal diplomático involucrado durante el tiempo del hospedaje. No se trata de un juicio anticipado de abuso de poder, sino de un análisis técnico-normativo para deslindar responsabilidades. Esta acción subraya un cambio en el protocolo de supervisión interna, donde las denuncias públicas de irregularidades pasadas ahora activan mecanismos de rendición de cuentas de manera automática y sistemática, garantizando que todo activo del Estado sea utilizado bajo criterios de legalidad y ética pública.
