El fiscal Andrés Norberto García Repper desmiente categóricamente al empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez, precisando que la investigación se centra en presuntas falsedades ante un tribunal, no en arraigo judicial ni denuncias de sobornos.
Intervención decisiva del Fiscal en el entramado jurídico de Valdez Sánchez
El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper, ha invalidado públicamente las afirmaciones del empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez sobre su estatus jurídico actual. La indagatoria que enfrenta el empresario no está vinculada a imputaciones por corrupción o peticiones de sobornos, sino a presuntos delitos perpetrados en el marco de un litigio administrativo. Esta declaración emerge como un pilar en la clarificación del proceso legal en curso, despejando la atmósfera de especulaciones que rodeaba el caso.
El foco real de la causa penal: Falsedad y fraude procesal
La intervención de la Fiscalía bajo la dirección de García Repper se originó a partir de una denuncia formulada por el Gobierno de Tamaulipas. Dicha denuncia apunta a presuntos delitos de falsedad de declaraciones ante un Tribunal y fraude procesal. Estos hechos se derivan directamente de un procedimiento judicial ligado a la cancelación de un contrato de distribución de despensas. El fiscal puntualizó que la Fiscalía no investiga la pertinencia o la validez de la adjudicación o rescisión del contrato, una competencia exclusiva de la esfera administrativa. La pesquisa se focaliza, en cambio, en las declaraciones que Valdez Sánchez realizó ante una instancia judicial, las cuales, en un inicio, habrían fundamentado una resolución favorable para el empresario.
La cronología de la falsedad presuntamente declarada
Según la acusación expuesta por el fiscal García Repper, la denuncia sostiene que Valdez Sánchez aseguró haber entregado en tiempo y forma las pólizas de garantía esenciales para la prestación del servicio. Sin embargo, el curso de la investigación ha recabado información que, desde la perspectiva acusatoria, contraviene drásticamente esa afirmación.
- Aseveración inicial del empresario: Valdez Sánchez afirmó haber presentado las pólizas requeridas para garantizar los servicios de provisión en el plazo estipulado.
- Hallazgo de la investigación: La Fiscalía, en colaboración con el Gobierno de Tamaulipas, profundizó en los trámites contractuales y consultó a la afianzadora.
- Respuesta de la afianzadora: La entidad afianzadora negó haber recibido las pólizas en la fecha de firma del contrato (15 de marzo). En cambio, indicó que fueron solicitadas el 3 de abril y entregadas cerca del 11 de abril.
- Impacto judicial y revocación: Esta discrepancia en la entrega de pólizas habría servido de base para que el Tribunal otorgara, en primera instancia, una decisión favorable al empresario. Ante la evidencia, el propio Tribunal ha revocado dicha resolución, y el Gobierno señala una clara conducta de falsedad.
El fiscal reiteró que la labor de su institución se circunscribe a la investigación de los delitos denunciados, enfatizando que el asunto en escrutinio concierne a las presuntas falsedades ante un tribunal, distanciándose del fondo del contrato administrativo.
Desmantelando la versión del empresario sobre su confinamiento judicial
Respecto a las declaraciones de Valdez Sánchez, difundidas en redes sociales y medios radiofónicos, sobre su presunto arraigo, García Repper fue concluyente al señalar la inexactitud de dicha versión. El funcionario confirmó: «No hay arraigo», al revisar las medidas cautelares impuestas por el juzgador.
Medidas cautelares: Confinamiento geográfico y garantía de comparecencia
La resolución judicial, en contraste con el «arraigo» difundido, establece únicamente una serie de medidas específicas:
- Restricción de movilidad: Prohibición de abandonar Ciudad Victoria sin una autorización judicial previa.
- Entrega de documentos: Obligación de entregar la visa y el pasaporte mientras se desarrolle el proceso judicial.
Estas medidas persiguen el objetivo de asegurar la permanencia del individuo a disposición de las autoridades, garantizando su comparecencia en el sistema de justicia cuando sea requerido. El fiscal contextualizó estas disposiciones, recordando episodios donde personas sujetas a procesos se han fugado a Estados Unidos, complicando su reincorporación al sistema jurídico mexicano. Aclaró que el empresario goza de libertad para circular en la ciudad y puede solicitar permiso judicial para salir del país, cuya concesión dependerá de la decisión del juzgador.
Oferta de coraza legal ante alegaciones de amenaza
El empresario Valdez Sánchez también ha manifestado sentirse amenazado. Frente a esta aseveración, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas invitó al empresario a formalizar una solicitud de protección. La Fiscalía que preside García Repper concede estas medidas a personas que, inmersas en controversias, perciben un riesgo para su integridad. El fiscal subrayó que no sería la primera ocasión en que se otorgan medidas de protección a individuos implicados en disputas.
Ausencia de imputaciones por cohecho formales en la carpeta
El funcionario precisó que la Fiscalía a su cargo no ha recibido denuncias formales que vinculen amenazas, extorsiones o presuntos actos de corrupción atribuidos a servidores públicos. Esta aclaración se produce a pesar de que el empresario ha vertido diversas acusaciones de este tipo en medios de comunicación y plataformas digitales. García Repper enfatizó la necesidad de que, en caso de existencia de presuntos hechos delictivos, estos se presenten ante las autoridades competentes para su debida investigación.
En relación con las acusaciones de que la rescisión del contrato obedeció a una negativa a entregar sobornos, el fiscal indicó que tales afirmaciones no forman parte de la carpeta de investigación que la Fiscalía Anticorrupción conoce actualmente. Asimismo, ratificó que la autoridad estatal fue quien rescindió el contrato, y que la disputa administrativa sobre esta decisión persiste en las instancias pertinentes.
El recorrido procesal aún pendiente de resolución judicial
Finalmente, el fiscal señaló que el proceso penal permanece en una fase preliminar. Será el Poder Judicial la entidad encargada de determinar la validez de las pruebas presentadas y establecer la eventual responsabilidad de las partes implicadas. Repper insistió en que las declaraciones públicas del empresario en foros periodísticos son inexactas, dado que no se encuentra bajo arraigo ni prisión domiciliaria.
