La Fiscalía General de la República empleó la declaración de un testigo protegido para implicar a los hermanos Farías Laguna en contrabando de combustible, señalando directamente a Andrés Manuel López Beltrán en operaciones ilegales desde Sonora.
El testimonio clave en la audiencia judicial
El ministerio público federal reveló durante el proceso penal que un testigo protegido vinculó la descarga ilícita de hidrocarburos con la estructura de poder de López Beltrán.
En la audiencia celebrada el pasado 21 de agosto de 2026, el fiscal Adín Jacobo Castellanos Franco leyó la transcripción aportada por el testigo protegido con clave “JCSP”. La imputación formal contra los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, identificados como presuntos líderes de la red de huachicol fiscal, se fundamentó en esta narrativa judicial.
El documento detalla las maniobras logísticas para la extracción irregular de carburante desde el buque Torm Agnes, atracado en el puerto de Guaymas, Sonora. En dicho testimonio consta la mención explícita a Andrés Manuel López Beltrán como eje de control en la cadena de mando operativa.
- Operación ilícita: Descarga clandestina de combustible del buque Torm Agnes en Guaymas, Sonora.
- Testigo clave: Declaración ministerial integrada bajo la clave alfanumérica «JCSP».
- Imputados principales: Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, señalados de liderar la organización.
Contradicciones institucionales y defensa legal
La representación jurídica de los imputados cuestionó que la Fiscalía utilice testimonios incriminatorios de forma selectiva para sustentar sus acusaciones pero rechace investigarlos a fondo.
El despacho del abogado Epigmenio Mendieta emitió un posicionamiento público para evidenciar la disonancia en la estrategia de la Fiscalía General de la República (FGR). Mientras la institución utiliza la mención de López Beltrán para consolidar su teoría del caso contra los hermanos Farías Laguna, simultáneamente descarta abrir una indagatoria formal en su contra bajo el argumento de tratarse de testimonios de oídas.
| Actor institucional / Legal | Posición procesal respecto a López Beltrán | Implicación en la causa penal |
| FGR (Fiscalía General) | Considera los señalamientos insuficientes y testimonios de oídas. | Utiliza la declaración de «JCSP» para imputar a los Farías Laguna. |
| Defensa (Epigmenio Mendieta) | Demanda una investigación exhaustiva y coherencia ministerial. | Cuestiona la doble moral procesal de validar pruebas sólo por conveniencia. |
La controversia escaló cuando el ministerio público expuso ante la autoridad judicial una conversación atribuida a la red:
- Instrucción de control: El operador emitió un mensaje de alerta al advertir que la maniobra de descarga no estaba autorizada y se encontraba fuera de control.
- Escalamiento jerárquico: La respuesta interna contempló la intervención directa ante el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, bajo la premisa de que se trataba de un asunto vinculado a «Andy».
Rechazo categórico e injerencia extranjera
Andrés Manuel López Beltrán desmintió las acusaciones y denunció una campaña de desestabilización política orquestada mediante presiones internacionales.
Tras la difusión de los detalles judiciales, Andrés Manuel López Beltrán rechazó cualquier nexo con el contrabando de hidrocarburos. El hijo del expresidente calificó las imputaciones como una estrategia de guerra sucia fundamentada en conjeturas y difamaciones.
Asimismo, incorporó un elemento geopolítico al caso al asegurar que agencias del gobierno de Estados Unidos contactaron al contralmirante Fernando Farías Laguna durante su captura en Argentina. Según su versión, las autoridades extranjeras ofrecieron salvaguarda judicial al detenido y a su círculo familiar a cambio de fabricar declaraciones incriminatorias en su contra y de la autodenominada Cuarta Transformación.
