La Fiscalía General de la República atrajo la investigación contra despachos acusados de simular litigios laborales con documentos apócrifos para extorsionar a corporativos mediante amenazas de embargos multimillonarios.
Arquitectura de la extorsión judicial
La red encabezada por Humberto Cavazos Chena utilizó demandas falsas y perfiles alterados para exigir pagos extrajudiciales a 20 grandes empresas.
La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la indagatoria que inicialmente realizaba la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por fraude procesal. El expediente apunta a despachos particulares dedicados a forzar acuerdos económicos millonarios mediante la alteración de perfiles profesionales y la amenaza de embargos a corporativos de alto perfil.
Según la carpeta de investigación, la estructura delictiva elabora demandas sustentadas en documentos apócrifos para simular nexos laborales inexistentes. En los escritos se asentaron condiciones, salarios y montos reclamados elevados para debilitar la postura de la defensa jurídica de las compañías afectadas. Una vez concluido el juicio laboral, los operadores presionaban a los representantes legales para obtener sumas millonarias a cambio de evitar el aseguramiento o embargo precautorio de cuentas bancarias.
| Empresa Afectada | Detalle del Litigio / Impacto |
| Grupo Herdez | Víctima principal; sufrió el embargo de oficinas centrales, una planta y una cuenta fiscalizadora con más de 650 millones de pesos. |
| Grupo Modelo | Incluida en la demanda inicial presentada por el despacho Cavazos Flores en 2007. |
| Compañía Mexicana de Aviación | Demandada conjuntamente con otras 19 empresas de la red corporativa. |
| Barcel | Señalada dentro de la estrategia jurídica basada en perfiles profesionales falsificados. |
| Jugos del Valle | Parte del conglomerado de corporativos blanco de la red de litigios simulados. |
El caso Herdez y el expediente 578/2007
El despacho Cavazos Flores demandó a Grupo Herdez en 2007 utilizando a un supuesto extrabajador que nunca laboró en la corporación.
Uno de los casos documentados ocurrió en el año 2007, cuando el despacho Cavazos Flores, propiedad de Humberto Cavazos Chena, demandó a Grupo Herdez a nombre de Alfredo Jorge Colín Huerta, quien afirmaba haber sido despedido injustificadamente. Humberto Cavazos Chena es hijo del fallecido abogado Baltasar Cavazos Flores, autor de la Ley Federal del Trabajo vigente, exmagistrado del Banco Interamericano de Desarrollo y exasesor jurídico de la Coparmex.
Irene “L”, abogada que laboraba en el despacho y llevaba el expediente 578/2007, declaró ante el Ministerio Público el 11 de septiembre de 2005 en el penal femenil de Santa Martha Acatitla que el litigio inició por instrucciones directas de Cavazos Chena. La imputada señaló que el despacho contaba con el respaldo del despacho penalista Oléa & Bonilla. Según su declaración ante la FGR, Xavier Oléa Truehart fungía como padrino protector de la estructura debido a sus relaciones influyentes.
La demanda fue presentada de manera simultánea contra Grupo Herdez y otras 19 corporaciones. En el documento, Colín Huerta afirmó haber ingresado a laborar el 26 de agosto de 2002 con un salario mensual de 90 mil pesos más prima vacacional y aguinaldo, ostentándose como director general de todas las empresas de manera simultánea. Asimismo, exigió reinstalación, salarios caídos e indemnización, argumentando que fue despedido el 27 de marzo de 2007 y que nunca fue inscrito ante el IMSS, Infonavit ni SAR.
Irene “L” reconoció que en 2007 no contaba con título profesional, aunque la ley le permitía litigar. Al percatarse de que Colín Huerta era en realidad un chofer y jamás trabajó en las empresas demandadas, cuestionó a su jefe, quien le aseguró que tenía todo controlado bajo la protección del despacho Oléa.
Reposición procesal y colusión con testigos
Un amparo promovido en 2012 permitió reponer el procedimiento judicial donde se integró la falsificación de un nuevo testimonio clave.
Mediante el amparo registrado con el número de expediente 23/2012, el despacho de Humberto Cavazos logró que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia del Trabajo ordenara reponer el procedimiento contra Grupo Herdez, debido a que varias subsidiarias no pudieron ser notificadas en el domicilio señalado originalmente.
Con la reposición, el 14 de agosto de 2014 se modificó la demanda para sostener que Colín Huerta era asesor de Grupo Herdez y sus subsidiarias. Para dar credibilidad al vínculo, se utilizó el testimonio de Emilio Mahuad Gantus, exempleado de Grupo Herdez, quien declaró el 25 de enero de 2016 de forma favorable a las pretensiones de la parte actora, lo que derivó en una sentencia condenatoria contra el corporativo.
Paralelamente, el despacho Oléa & Bonilla coordinaba acciones de blindaje e investigación sobre carpetas existentes. A través de un grupo de WhatsApp, Irene “L” escuchó a Xavier Oléa Truehart referirse a Emilio Mahuad Gantus como “su tío”, evidenciando la colusión entre los involucrados para perjudicar a la empresa alimentaria.
Extorsión por 20 millones de pesos y daño patrimonial
El abogado general de Grupo Herdez confirmó un daño patrimonial severo tras el embargo de cuentas por más de 650 millones de pesos.
Enrique González Casanova, abogado general de Grupo Herdez, explicó que el laudo condenatorio sirvió para ejecutar el embargo de las oficinas centrales, una planta productiva y una cuenta fiscalizadora con más de 650 millones de pesos. Aunque dichos activos fueron recuperados posteriormente, el directivo calificó el mecanismo como un fraude de extrema gravedad que generó un punto de vulnerabilidad financiera para la compañía.
Antes de concretar la recuperación de los bienes, Humberto Cavazos instruyó a Irene “L” y otros abogados acudir a las instalaciones de Grupo Herdez para exigir a los exabogados de la empresa, Eduardo Rodríguez y Damián Juárez, la entrega de 20 millones de pesos en efectivo bajo la amenaza de bloquear la totalidad de las cuentas corporativas. Ante el incumplimiento de la exigencia, se ordenó ejecutar los embargos.
Actualmente, Irene “L” se encuentra vinculada a proceso por fraude procesal. Emilio Mahuad huyó a Estados Unidos bajo advertencia de Cavazos de no regresar, mientras que el paradero de Alfredo Jorge Colín Huerta no ha sido precisado. La FGR indaga si este esquema de extorsión procesal fue replicado en otros casos contra el sector empresarial mexicano.
