Redacción/CARIBE PENINSULAR
PLAYA DEL CARMEN.- El Ayuntamiento de Playa del Carmen solicitará al Gobierno de Quintana Roo un anticipo de hasta 50 millones de pesos de participaciones federales para cubrir gasto operativo y atender los costos derivados del arribo masivo de sargazo.
La medida fue aprobada por unanimidad durante una sesión de Cabildo, en la que se autorizó a la presidenta municipal, Estefanía Mercado Ascencio, y al tesorero, Guillermo Brahms González, a suscribir un convenio con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para acceder de manera anticipada a recursos del Fondo General de Participaciones del Ramo 28.
El acuerdo establece que el municipio reintegrará el monto mediante descuentos a las participaciones federales que reciba en los próximos meses.
Aunque formalmente se denomina anticipo de participaciones, el mecanismo funciona como un financiamiento de corto plazo, ya que el Gobierno del Estado adelanta recursos futuros que posteriormente son descontados de las ministraciones federales correspondientes al municipio.
De acuerdo con información proporcionada por el tesorero municipal, los 50 millones de pesos serían cubiertos en un plazo de seis meses, mediante descuentos mensuales de poco más de 8.3 millones de pesos.
Según explicó el funcionario, la solicitud obedece a una disminución en los ingresos municipales asociada a la baja ocupación hotelera y a las afectaciones económicas derivadas del sargazo, situación que ha incrementado los gastos operativos del Ayuntamiento.
Brahms González indicó que los recursos permitirán garantizar el pago de nómina y mantener la prestación de servicios públicos durante los próximos meses.
La solicitud se suma al crédito de corto plazo por 125 millones de pesos contratado por la administración municipal a finales de 2025, del cual aún quedan pagos pendientes durante este año.
El tema ha generado cuestionamientos de sectores políticos y empresariales, que atribuyen la necesidad del anticipo a problemas de liquidez en las finanzas municipales, mientras que el gobierno local sostiene que se trata de una medida preventiva para asegurar la operación del Ayuntamiento frente a las presiones presupuestales derivadas del sargazo y la desaceleración de la actividad turística.
