Organizaciones civiles urgen a México a enfrentar el reclutamiento forzado de miles de niños, niñas y adolescentes, situación evidenciada por el informe de la CIDH. Este vincula 18,192 desapariciones a la operación del crimen organizado con aquiescencia estatal, demandando tipificar el delito y políticas de protección inmediatas.
Tejiendo Redes Infancia y Reinserta exigen al Estado mexicano una respuesta perentoria frente al reclutamiento forzado de miles de niños, niñas y adolescentes. Esta demanda surge tras la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición de personas en México. El organismo regional advirtió que 18 mil 192 desapariciones de menores, registradas hasta el 19 de agosto de 2025, poseen una relación fundamental con la actuación del crimen organizado, a menudo con aquiescencia de agentes estatales.
Cómo el crimen organizado captura el futuro de miles de niños
El documento de la CIDH alerta que el aparente reclutamiento «voluntario» de la niñez y adolescencia está, en realidad, motivado por factores críticos. Estos incluyen pobreza, exclusión social, violencia intrafamiliar y sexual, la ausencia estatal efectiva y una profunda búsqueda de pertenencia. Desde hace años, las organizaciones denunciaron la participación de grupos criminales en la desaparición de personas menores de 17 años. También señalaron la carencia de enfoques comunitarios e interculturales específicos para esta población, en particular para los niños indígenas.
La CIDH logró documentar, a través de testimonios de víctimas sobrevivientes, que muchas de las desapariciones de adolescentes se vinculan directamente con ofrecimientos económicos o promesas asociadas al uso de armas. Estos jóvenes enfrentan diversos destinos: algunos regresan con vida, otros permanecen integrados en las estructuras criminales y un número significativo fallece en hechos violentos. El informe refleja una expansión notoria de estrategias de captación criminal dirigidas tanto a infancias y adolescencias como a juventudes, abarcando diversas regiones del país.
Factores que alimentan la vulnerabilidad: el rostro de la violencia estructural
La CIDH confirmó que detrás del aparente reclutamiento «voluntario» persisten diversas circunstancias que exacerban la vulnerabilidad. La pobreza crónica, la ausencia de oportunidades reales de desarrollo, la violencia física y sexual al interior de las familias, la debilidad institucional crónica y la cercanía cotidiana con dinámicas del crimen organizado crean escenarios propicios. Estas condiciones facilitan la captación de infancias y adolescentes, quienes a menudo buscan pertenencia, protección o reconocimiento social.
Estas situaciones complejas están intrínsecamente relacionadas con la violencia estructural que permea en la sociedad. El informe subraya que los adolescentes se encuentran entre las poblaciones más afectadas en contextos de criminalidad organizada. Su riesgo constante de ser captados y utilizados compromete directamente su vida, integridad física y posibilidades de desarrollo integral a largo plazo.
Un mapa de riesgo: los territorios donde la infancia es un blanco
El informe de la CIDH documenta que los estados donde se ha detectado el reclutamiento forzado mediante ofertas laborales específicas incluyen Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Esta modalidad es solo una parte de un problema más amplio.
Además, el reclutamiento con distintas estrategias se extiende a un número significativo de entidades: Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas; con Jalisco y Zacatecas reiterando su presencia en esta lista debido a la diversidad de tácticas de captación. Esta distribución geográfica resalta la permeabilidad del fenómeno a lo largo del territorio nacional.
Más allá de la búsqueda: la urgencia de tipificar el reclutamiento criminal
Frente a esta crítica realidad, Tejiendo Redes Infancia y Reinserta exigen que el Estado mexicano avance en la tipificación del delito autónomo de reclutamiento y utilización por parte del crimen organizado. Nombrar esta violencia dentro del marco penal es indispensable no solo para prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas, sino también para generar un piso mínimo institucional. Este marco permitiría construir políticas públicas robustas, mecanismos de protección eficaces y estrategias de prevención acordes con la magnitud de la crisis.
Las organizaciones instan a la atención de las recomendaciones que hizo la CIDH en su informe, enfocadas en proteger a la población infantil y a las infancias en riesgo de ser reclutadas por el crimen organizado. También demandan implementar de manera efectiva el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata de niñas y adolescentes. No se trata únicamente de buscar a las personas desaparecidas. La misión fundamental es impedir que continúen siendo captadas, utilizadas y violentadas por estructuras de macrocriminalidad que operan en diversos territorios del país. Reconocer esta realidad y actuar frente a ella constituye una obligación urgente del Estado mexicano y una responsabilidad colectiva que no puede seguir postergándose.
