Redacción
CANCÚN.— El PAN y Movimiento Ciudadano (MC) exigieron investigar los sobreprecios en las compras de material electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) para los comicios de 2024.
El periódico Milenio documentó que el organismo pagó por un sobre para resguardar votos hasta 163 veces el precio que desembolsó su homólogo de la Ciudad de México.
“El dinero de los ciudadanos no es patrimonio de los consejeros electorales ni de los funcionarios que administran los institutos”, dijo el diputado federal panista Ernesto Sánchez Rodríguez, quien pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar los contratos, las adjudicaciones y la actuación de quienes autorizaron las compras.
Te puede interesar: SOBREPRECIOS: Paga Ieqroo hasta 163 veces más por material electoral que en IECM
El reportaje documentó que el Ieqroo pagó a Litho Formas 4 mil 144.09 pesos por cada sobre para resguardar votos de la elección anticipada, mientras que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) compró esos insumos por entre 25.40 y 40 pesos por pieza. Sánchez Rodríguez citó otro caso: un cartel de resultados que costó más de 3 mil 400 pesos en Quintana Roo se adquirió por poco más de 71 pesos en la capital.
Ese año, el Ieqroo contrató a Litho Formas y Corporativo Zeg por 86 millones 70 mil 958.82 pesos en conjunto, según el reportaje. El diputado pidió investigar si hubo acuerdos entre proveedores o mecanismos para favorecer intereses particulares y exigió sanciones si se acreditan irregularidades.
«Hay que ir más allá»
Por su parte, Leobardo Rojas López, presidente estatal del Comité de Organización de Estructura Electoral de Movimiento Ciudadano, señaló que “el elevado costo del material electoral es el que crea la suspicacia de la posible malversación de recursos públicos”.
“Creo que hay que ir más allá, tener un parámetro de control del gasto”, dijo Rojas López.
Propuso reformar las reglas de contratación de los organismos públicos locales electorales (OPLE) para establecer un tabulador con precios mínimos y máximos, a partir de lo que pagan distintos institutos por materiales y servicios comparables.
Rojas López también planteó que los órganos internos de control, la ASF y los representantes de los partidos revisen los expedientes de las empresas concursantes, identifiquen a sus socios y verifiquen si existen vínculos comerciales entre ellas.
Advirtió que, si las empresas que presentan las ofertas están vinculadas, “el procedimiento puede ser legal, pero viciado de origen”.
