La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al gobierno mexicano a indagar la participación de fuerzas militares, policiales y la cadena de mando político en la desaparición de los 43 normalistas, señalando un estancamiento judicial a doce años de los hechos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado este sábado, coincidiendo con el décimo segundo aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El organismo internacional demandó que las pesquisas gubernamentales se amplíen de forma exhaustiva.
Ampliación de indagatorias sobre la cadena de mando estatal
Las líneas de investigación deben abarcar la actuación de órganos de seguridad del Estado, agentes de procuración de justicia y la vinculación de elementos castrenses y policiales con grupos criminales que operaban en el estado de Guerrero.
- Vínculos criminales: La CIDH exige esclarecer la complicidad entre corporaciones de seguridad y estructuras delictivas en todos los niveles de la cadena de mando durante la época de los hechos.
- Procuración de justicia: Se demanda revisar la actuación de los agentes encargados de investigar originalmente el caso para determinar omisiones o encubrimientos.
- Fuerzas militares: El organismo internacional enfatiza la necesidad de indagar el rol específico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la noche del 26 de septiembre de 2014.
Obstaculización institucional durante tres administraciones federales
Desde hace doce años, las administraciones de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo han frenado las indagaciones sobre el papel de las fuerzas armadas en el caso.
Funcionarios que intentaron profundizar en la línea de investigación militar, tales como Alejandro Encinas Rodríguez y Omar Gómez Trejo, fueron obligados a abandonar sus cargos ante las presiones gubernamentales y la falta de respaldo político para esclarecer el destino de los jóvenes.
Maniobras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la gestión de Rosario Piedra Ibarra, ha cuestionado recientemente la validez del trabajo realizado por organizaciones de la sociedad civil y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
- Debilitamiento técnico: La CNDH emite acciones que pretenden socavar la asistencia técnica internacional y vulneran el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
- Nueva narrativa: Los informes emitidos bajo la dirección actual desestiman los avances previos y reorientan la investigación hacia las funerarias de Iguala, omitiendo la responsabilidad castrense.
- Ataques a organizaciones: El organismo nacional ha cuestionado el acompañamiento brindado por colectivos y expertos independientes a los familiares de los estudiantes desaparecidos.
Fractura en el proceso judicial y cuestionamientos internacionales
La CIDH externó su profunda preocupación por el resurgimiento de discursos oficiales y institucionales que buscan cuestionar o minimizar la participación de las fuerzas militares en los sucesos de Iguala.
A más de una década de impunidad, la determinación de responsabilidades continúa pendiente mientras el destino de los procesos judiciales permanece en la incertidumbre y las familias de los normalistas denuncian un bloqueo sistemático para proteger a la institución militar.
