Washington ha dado un paso firme contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció la imposición de aranceles graduales a Nicaragua a partir de 2026, una medida drástica motivada por la detección de abusos graves contra los derechos humanos y la explotación laboral en el país centroamericano.
La escalada de tarifas por el régimen Ortega-Murillo
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó el miércoles 10 de diciembre de 2025 que Washington impondrá aranceles a ciertos productos nicaragüenses. La decisión se basa en preocupaciones relacionadas con los derechos humanos y laborales.
El mecanismo de implementación será gradual, según detalló la USTR en un comunicado:
- Los aranceles comenzarán en cero por ciento el 1 de enero de 2026.
- Aumentarán a diez por ciento el 1 de enero de 2027.
- Finalmente, alcanzarán 15 por ciento el 1 de enero de 2028.
La entidad precisó que cualquier tarifa impuesta por esta nueva medida se acumulará con otras ya existentes, como la Tarifa Recíproca del 18 por ciento.
Productos afectados y exenciones comerciales
La aplicación de estos nuevos aranceles está dirigida específicamente a “todos los productos nicaragüenses importados que no sean originarios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos”.
El USTR advirtió que el calendario para estos aumentos podría modificarse. Esto ocurriría solo si Estados Unidos determinara que Nicaragua ha mostrado avances significativos en la resolución de las preocupaciones manifestadas en materia de derechos laborales.
El argumento de la USTR: explotación, confiscación y riesgo
Tras una exhaustiva investigación de doce meses, que incluyó la revisión de más de 2 mil comentarios públicos provenientes de individuos y empresas, la USTR considera probado el alcance de las prácticas del gobierno nicaragüense.
El informe de 46 páginas del USTR detalla que “el régimen de Ortega-Murillo incurre en actos, políticas y prácticas irrazonables que obstaculizan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua”.
Entre las acusaciones específicas presentadas en el informe se encuentran:
- Nicaragua ha explotado a sus propios trabajadores, generando condiciones de competencia desleales.
- Ha confiscado los intereses de propiedad de instituciones religiosas (nacionales y extranjeras), así como de personas o empresas estadounidenses.
- Ha creado un entorno de alto riesgo para las empresas procedentes de Estados Unidos.
Contexto político: la dictadura familiar y antecedentes
El presidente Daniel Ortega, ex guerrillero de 79 años, ha permanecido en el poder desde 2007, habiendo gobernado previamente en la década de 1980. Sus críticos y organismos humanitarios lo acusan de haber establecido una «dictadura familiar» junto a su esposa Rosario Murillo, de 74 años. Murillo fue nombrada copresidenta en febrero, tras una reforma constitucional.
Cabe recordar que el gobierno de Trump había amenazado previamente con imponer aranceles mucho mayores, de hasta cien por ciento, a los productos nicaragüenses. En ese momento, se argumentó que las políticas laborales y de derechos humanos del país no eran razonables y obstaculizaban el comercio estadounidense.
La acción gradual de Washington no solo es una sanción económica directa, sino un mensaje claro sobre la intolerancia a la explotación laboral y la violación de derechos fundamentales en la región. ¿Será suficiente este incremento arancelario programado para obligar al régimen de Ortega-Murillo a cambiar sus políticas internas y restaurar un clima de legalidad para la inversión y el respeto a sus ciudadanos?
