El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido una directiva, según The New York Times, exigiendo a fiscales federales triplicar las imputaciones contra funcionarios públicos mexicanos vinculados a seis carteles designados como terroristas, utilizando legislaciones antiterroristas.
La información, detallada por Mathieu Tourliere para apro el viernes 15 de mayo de 2026 a las 18:21, reveló que la administración de Donald Trump en Estados Unidos ha instruido a un contingente de 93 fiscales federales la implementación de una «nueva táctica agresiva». Esta estrategia se enfoca directamente en funcionarios y políticos mexicanos que se presume están en connivencia con organizaciones de la delincuencia organizada. La directriz central de esta ofensiva legal es la meta de triplicar el volumen de imputaciones dirigidas a servidores públicos, capitalizando la reciente designación de seis carteles mexicanos específicos como organizaciones terroristas internacionales.
Escalada de tensión: la agenda bilateral entre Estados Unidos y México
La revelación de esta directiva ocurre en un marco de una agenda bilateral persistentemente agitada. Este contexto ha estado caracterizado por una serie de señalamientos explícitos y directos provenientes de altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, apuntando hacia México. De manera concurrente, la prensa de Estados Unidos ha publicado una «cascada de reportajes» enfocados en el país vecino. Es en este entorno donde The New York Times identificó una directiva del Departamento de Justicia. Dicha instrucción refuerza una «política de mano dura» que ha sido promovida consistentemente desde la Casa Blanca, delineando una postura firme frente a la colaboración con la delincuencia organizada.
El mandato de Singh: una estrategia sin tacto diplomático
La instrucción fue impartida a los 93 fiscales durante una conferencia que se realizó el pasado miércoles 13. Las directrices, emitidas por Aakash Singh, un fiscal general adjunto de la Fiscalía General, fueron descritas como «franca y sorprendentemente no diplomáticas». La naturaleza contundente de estas órdenes subraya la agresividad de la nueva estrategia.
Durante el desarrollo de esta junta, Singh articuló una postura inequívoca respecto a la posible reacción de México. Sus palabras textuales, según el rotativo, fueron: «si esta acción es mal recibida por el gobierno de México y que se sienten ofendidos por lo que hacemos, no hay nada que me importe menos». Esta declaración no solo minimiza cualquier potencial repercusión diplomática, sino que se endureció aún más. El fiscal adjunto añadió que «si los avergonzamos o los incomodamos en este proceso, sería la cereza sobre el pastel», destacando una intención de generar incomodidad y presión pública sobre el gobierno mexicano como un resultado deseado de la operación.
