Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigencia nacional de Morena descartó, por ahora, iniciar un proceso de expulsión contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, pese a los señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.
“Ni sí ni no”, respondió la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, al ser cuestionada sobre una eventual expulsión de Rocha Moya, al señalar que el partido esperará los resultados de las investigaciones y las pruebas que puedan presentarse antes de tomar una determinación.
Durante una conferencia de prensa, la dirigente sostuvo que Morena no actuará únicamente con base en acusaciones o señalamientos y que será necesario esperar el curso de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).
Morena condiciona cualquier sanción a las investigaciones
Ariadna Montiel afirmó que los tres políticos sinaloenses conservarán su militancia mientras no exista una resolución oficial o pruebas que acrediten las acusaciones en su contra.
Según explicó, Morena se mantendrá atento a las indagatorias y a la información que pueda aportar la FGR, instancia que actualmente revisa los señalamientos relacionados con presuntos nexos con el grupo criminal conocido como Los Chapitos.
La dirigente también defendió que Enrique Inzunza permanezca en el Senado, aunque reconoció que la separación temporal de algunos funcionarios ha facilitado el desarrollo de las investigaciones.
Caso mantiene presión política sobre Morena
Las declaraciones de Ariadna Montiel ocurren en medio de la crisis política generada en Sinaloa tras las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros integrantes de su círculo político, situación que ha provocado la salida temporal de algunos funcionarios y un creciente debate dentro y fuera de Morena.
Hasta ahora, la dirigencia nacional morenista ha optado por no abrir procedimientos internos contra los señalados y sostiene que cualquier decisión deberá sustentarse en pruebas y resoluciones oficiales, no únicamente en acusaciones públicas.
