Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Las autoridades de Quintana Roo se mantienen a la espera de que concluyan y se definan los procesos judiciales relacionados con el exgobernador Roberto Borge Angulo, para conocer las posibilidades legales que existen de recuperar 22 predios que forman parte de las investigaciones por presuntas operaciones irregulares durante su administración y que, en conjunto, representan una superficie cercana a las 10 mil hectáreas de reserva territorial del estado.
El titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro), Carlos Flores Hidalgo, reconoció que hasta el momento no se ha concretado la restitución de ninguno de los 22 lotes considerados dentro de las denuncias penales relacionadas con la enajenación de patrimonio estatal durante el gobierno de Borge.
Explicó que la situación jurídica de estos terrenos permanece sujeta a las determinaciones que adopten los tribunales, por lo que la administración estatal deberá esperar a que se resuelvan los procedimientos correspondientes antes de establecer con precisión cuáles de estos predios pueden ser recuperados por el estado.
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La superficie involucrada representa uno de los principales pendientes derivados de las investigaciones por la presunta venta irregular de terrenos pertenecientes a la reserva territorial de Quintana Roo, particularmente en zonas consideradas estratégicas por su alta plusvalía y potencial turístico.
Flores Hidalgo señaló que la Agepro mantiene seguimiento a los procedimientos legales y a las resoluciones que se emitan en torno a los bienes, debido a que cualquier intento de recuperación debe realizarse conforme a las determinaciones de las autoridades judiciales.
Comentó que por ahora, no se ha logrado recuperar ninguno de los 22 predios señalados en las investigaciones, por lo que el Estado permanece a la espera de que los procesos judiciales permitan establecer el destino jurídico de estos terrenos.
El caso se remonta a la administración de Roberto Borge, periodo en el que diversas operaciones de venta y enajenación de terrenos propiedad del Estado fueron señaladas como presuntamente irregulares. Las investigaciones han incluido predios de gran valor ubicados en zonas con vocación turística, los cuales habrían sido transferidos a precios considerados inferiores a su valor comercial.
De acuerdo con las denuncias que dieron origen a las investigaciones, algunos de estos bienes habrían terminado en manos de familiares, empresarios y presuntos prestanombres relacionados con el entonces gobernador, situación que derivó en procedimientos administrativos y penales.
La recuperación de este patrimonio representa un tema de especial relevancia para el Gobierno de Quintana Roo, debido tanto a la extensión territorial involucrada como al valor económico y estratégico de los terrenos.
Para las autoridades estatales, el eventual cambio en las condiciones de reclusión del exgobernador no significa por sí mismo la conclusión de los procedimientos relacionados con los terrenos. La recuperación de los bienes dependerá de las resoluciones que se dicten específicamente sobre cada uno de los predios y de las acciones jurídicas que correspondan.
