La Universidad Autónoma del Estado de Morelos enfrenta una crisis estructural de inseguridad marcada por feminicidios, narcomenudeo y contratos bajo sospecha que han paralizado las actividades académicas. La comunidad estudiantil exige justicia ante la inacción institucional y la vulnerabilidad de un recinto universitario donde la violencia y la impunidad operan sin restricciones.
Desarticulación del control territorial y venta de sustancias
La porosidad de los accesos en el campus Chamilpa facilita la operación de redes delictivas. Vehículos sin identificación transitan libremente por las facultades de Derecho y Humanidades para realizar entregas de estupefacientes a plena luz del día. Esta dinámica de narcomenudeo se sustenta en una infraestructura de seguridad deficiente, donde tres kilómetros de bardeado inexistente en la zona boscosa trasera permiten el tránsito de personas externas sin registro alguno.
Testimonios de la comunidad universitaria confirman que este escenario de riesgo no es exclusivo de la sede central, sino que se replica en las 34 unidades de nivel superior y nueve de nivel medio superior distribuidas en 17 municipios de Morelos. La falta de supervisión ha normalizado delitos como:
- Asaltos con violencia a estudiantes y trabajadores.
- Robo de vehículos en los estacionamientos internos.
- Intentos de privación de la libertad contra el alumnado.
- Hurtos sistemáticos en laboratorios y oficinas administrativas.
Feminicidios y el surgimiento de la Resistencia Estudiantil UAEM
El detonante del paro de labores, iniciado el 2 de marzo, fue el feminicidio de Kimberly Joseline Ramos Beltrán, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, quien desapareció dentro de las instalaciones universitarias. La respuesta de las autoridades, calificada como insensible por los familiares, agravó la indignación. A este caso se sumó el feminicidio de Karol Toledo, alumna de Derecho en el campus Mazatepec, consolidando un patrón de violencia de género que la institución no ha logrado mitigar.
La movilización bajo la consigna «La UAEM no me cuida, me cuidan mis amigas» evidencia un entorno hostil donde el acoso académico y sexual persiste. Denuncias contra directivos, como el caso de la Facultad de Medicina, por amenazas y violencia política de género, refuerzan la percepción de impunidad. La deficiente iluminación nocturna en los campus se señala como un factor que potencia la comisión de estos ilícitos, dejando a miles de jóvenes en una situación de indefensión absoluta.
El modelo de vigilancia y la opacidad en el Grupo Venados
La seguridad de la UAEM recae en un esquema híbrido entre el personal interno, denominado Grupo Venados, y la empresa privada Integradora de Sistemas en Seguridad Hebrón. No obstante, la operatividad es mínima: en el campus Chamilpa, con una población de 40 mil personas, solo existen 16 elementos por turno, lo que arroja una proporción de un guardia por cada 5 mil universitarios.
En cuanto a la contratación externa, la empresa Hebrón ha mantenido una continuidad de seis años mediante procesos de licitación cuestionados. A pesar de fallas críticas en el servicio, como el robo de maquinaria pesada (un tractor) y ganado de investigación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias por grupos armados, el vínculo contractual se mantiene vigente.
Análisis del contrato de seguridad privada
| Concepto | Detalle del Vínculo Contractual |
| Identificador | Contrato DRM-CPS-005-25 |
| Monto adjudicado | 30,072,278.25 pesos |
| Fuerza operativa | 239 elementos totales (110 puestos de 24 horas) |
| Representante legal | Jean Aoki Reyes Urióstegui |
| Vigencia | Hasta marzo de 2026 (con cláusula de prórroga) |
Vínculos políticos y presunta simulación de competencia
Investigaciones de organismos civiles como Morelos Rinde Cuentas señalan posibles actos de corrupción y competencia simulada en las licitaciones de seguridad. Se documentan nexos entre Jean Aoki Reyes Urióstegui y el senador Víctor Aureliano Mercado Salgado. Registros indican que empresas vinculadas a Reyes Urióstegui operaron en propiedades del legislador y recibieron contratos millonarios durante su gestión en la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Aunque los representantes de la empresa Hebrón niegan responsabilidad en la crisis de seguridad, argumentando que su función es meramente intramuros, la revisión documental sugiere una convergencia de intereses empresariales y políticos que coincide con el deterioro de la vigilancia universitaria.
Dinámicas del narcomenudeo y redes de trata de personas
El tráfico de sustancias dentro de la UAEM se localiza en puntos estratégicos como el Jardín Botánico, el Campo Experimental y áreas deportivas. La venta se disfraza frecuentemente mediante el comercio de alimentos con sustancias ilícitas, una práctica documentada desde 2007 que persiste por la tolerancia institucional y la insuficiencia de personal para confrontar a los distribuidores externos.
Paralelamente, han surgido alertas sobre redes de trata de personas que operan bajo la fachada de agencias de modelaje o servicios de «edecanes». Individuos ajenos a la universidad captan a estudiantes y menores de edad en las inmediaciones de Ocotepec y mediante redes sociales, utilizando un modus operandi de acoso digital y físico que no ha sido formalizado en denuncias ante la Fiscalía local, a pesar de los señalamientos en las movilizaciones.
Postura oficial ante el escrutinio institucional
La rectoría de la UAEM, encabezada por Viridiana Aydeé León Hernández, sostiene que las contrataciones se realizan bajo estándares ISO 9000 y que no existen reportes formales de las actividades ilícitas denunciadas por la base estudiantil. La postura institucional enfatiza que la responsabilidad de reportar anomalías recae en el personal docente, delegando la vigilancia directa a quienes laboran con el alumnado.
La Fiscalía estatal ha confirmado la existencia de carpetas de investigación por amenazas, aunque minimiza la presencia de redes de trata por falta de querellas formales. Mientras tanto, la comunidad universitaria mantiene el paro, exigiendo una transformación real de los protocolos de seguridad y justicia para las víctimas de la violencia en el estado de Morelos.
