La Policía Estatal de Guerrero atacó con gas lacrimógeno y encañonó a aficionados que celebraban el triunfo de la selección mexicana de futbol en Chilpancingo, dejando a mujeres y menores afectados por la sustancia química ante la ausencia de cuerpos de rescate.
Agresión policial interrumpe los festejos de la Copa Mundial 2026
La intervención de la patrulla 73 de la Policía Estatal transformó una celebración civil pacífica en un escenario de dispersión forzada mediante el uso de armamento y agentes químicos antidisturbios.
Cientos de ciudadanos se congregaron a las 21:00 horas en el monumento a Las Banderas, ubicado al sur de Chilpancingo, con el objetivo de festejar la victoria de 1-0 del equipo mexicano frente a la selección de Corea del Sur en la Copa Mundial de Futbol 2026. Durante la concentración en la avenida Lázaro Cárdenas, un sector de la multitud comenzó a sacudir de forma eufórica los vehículos que transitaban a baja velocidad por la zona debido a la aglomeración de personas.
A las 21:30 horas, la unidad oficial número 73, tripulada por cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPGRO), cruzó el perímetro. Frente a las interacciones de los aficionados, los agentes adoptaron una postura de confrontación en lugar de implementar un esquema de vialidad o contención pacífica.
- Amenaza directa: Un efectivo policial posicionado en la batea de la patrulla apuntó de forma directa con un arma de fuego larga hacia los ciudadanos presentes.
- Despliegue químico: Otro de los uniformados detonó un proyectil de gas lacrimógeno que impactó en las inmediaciones del monumento, área donde se ubicaban familias y menores de edad.
- Efectos en la salud: La dispersión del compuesto químico provocó cuadros de tos generalizada, pánico y síntomas severos de ardor ocular en niños y mujeres, obligando a desalojar el sitio de forma desordenada.
La vulnerabilidad de los afectados se incrementó debido a que la infraestructura del monumento a Las Banderas y de la avenida Lázaro Cárdenas carecía por completo de alumbrado público operativo en el momento del incidente.
Omisión de auxilio institucional y justificación de la secretaría
La falta de previsiones de Protección Civil estatal y municipal dejó desamparadas a las víctimas civiles, mientras que la dependencia de seguridad argumentó factores de riesgo para justificar la acción.
Ninguna ambulancia o unidad médica de Protección Civil se encontraba desplegada en el perímetro de los festejos para brindar primeros auxilios o atender casos de intoxicación por inhalación de gases.
A la medianoche, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, comunicó que giró instrucciones a la SSPGRO para iniciar un procedimiento de investigación administrativa con la finalidad de esclarecer la actuación del personal involucrado. Por su parte, la secretaría emitió un pronunciamiento oficial donde reconoció el empleo del agente antidisturbios por parte de uno de sus elementos.
«La situación generó momentos de tensión y una posible condición de riesgo para los presentes.»
La versión de la corporación señala que un grupo de personas interceptó el vehículo oficial y comenzó a agitarlo de forma violenta, lo que desató la respuesta del agente. No obstante, la institución cerró su comunicado con un extrañamiento hacia los aficionados, exigiéndoles mantener una convivencia responsable y evitar conductas de riesgo, lo que desvió la atención de la responsabilidad directa del uso de fuerza contra civiles.
Patrones de uso excesivo de la fuerza en la administración actual
Este evento se suma a un historial documentado de violaciones a los protocolos de seguridad y letalidad por parte de la Policía Estatal de Guerrero durante el presente mandato.
La gestión estatal de filiación morenista acumula antecedentes graves de letalidad y abuso de autoridad en la entidad, lo que evidencia deficiencias estructurales en la capacitación y el control de los cuerpos policiales.
La crisis institucional previa más severa ocurrió la noche del 7 de marzo de 2024, cuando elementos de la Policía Estatal asesinaron con proyectiles de arma de fuego al estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, normalista de Ayotzinapa, en un punto de control vehicular localizado en el libramiento de Chilpancingo a Tixtla. Las consecuencias políticas y penales de este caso ilustran la gravedad de las fallas operativas en el estado:
- Procesos penales: Tres agentes estatales involucrados de forma directa en el homicidio del normalista se encuentran bajo proceso judicial formal.
- Remociones de alto nivel: La presión de los movimientos sociales obligó a la gobernadora a remover de sus cargos al secretario de Seguridad Pública, al secretario general de Gobierno y a la titular de la Fiscalía General del Estado.
La repetición de incidentes donde se compromete la integridad de la población civil mediante tácticas desproporcionadas resalta la falta de reformas profundas en los mecanismos de control de la SSPGRO.
