La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) ha elevado una contundente demanda para que se investiguen a fondo los presuntos vínculos del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, con el grupo criminal La Barredora, así como la supuesta complicidad del ex gobernador tabasqueño Adán Augusto López Hernández. Este señalamiento se suma a la denuncia de un presunto espionaje gubernamental contra opositores, que el partido considera una grave afrenta. La situación, según el PAN, revela patrones preocupantes en la política nacional.
Acusaciones del PAN contra exfuncionarios de Tabasco
Los presuntos nexos de Hernán Bermúdez Requena –hoy prófugo de la justicia– con el grupo criminal La Barredora, y la supuesta complicidad de Adán Augusto López Hernández, quien lo designó jefe de la policía estatal en 2019 pese a las sospechas, constituyen un hecho grave que debe ser investigado. No obstante, la dirigencia del PAN ha expresado su escepticismo sobre la probabilidad de una indagatoria a fondo por parte del actual gobierno.
Vínculos de Bermúdez Requena y López Hernández
En conferencia de prensa en la sede del PAN, el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, cuestionó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum: “¿Lo de Adán Augusto es lo que le sigue de grave. Queremos preguntarle a la presidenta Claudia Sheinbaum si va a reaccionar como lo hace ante sus opositores?”. Romero Herrera señaló que la indagatoria sobre la denuncia que involucra a Bermúdez Requena y López Hernández “tiene que llegar hasta donde tiene que llegar”, si bien externó sus dudas sobre que esto ocurra.
El dirigente blanquiazul anunció: “Nosotros formalmente vamos a proponer una comisión especial de investigación, y ya sabemos cuál es la respuesta”. Con sarcasmo, Romero recordó que los partidos de mayoría se han negado a indagar en casos que involucran a políticos cercanos a ellos, como la casa de José Ramón López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, o el supuesto involucramiento de tres instituciones bancarias en operaciones de lavado de dinero. En ese mismo tono, el ex titular de la alcaldía Benito Juárez trajo a colación que el propio López Obrador había afirmado en una de sus conferencias matutinas en 2019 que es imposible que los presidentes de la República ignoren casos de presuntas irregularidades o desvíos de dinero cometidos por servidores públicos.
Por su parte, el vocero del PAN, Jorge Triana, recalcó que durante el sexenio de López Obrador se designó como secretario de Gobernación “a una persona (López Hernández) que había sido investigada por vínculos criminales, por haber puesto en el cargo de secretario de Seguridad a un criminal que encabezaba una red delincuencial”, supuestamente creada desde el mismo gobierno de Tabasco. Triana consideró que en este tema “se tienen que presentar las denuncias respectivas” y añadió que Adán Augusto López “está jugando extra innings” como coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado.
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Posicionamiento del oficialismo
En respuesta a los señalamientos, senadores de Morena respaldaron a su coordinador, Adán Augusto López Hernández. Los Legisladores morenistas sostuvieron que no existe ninguna investigación judicial ni señalamiento formal que lo vincule con algún ilícito o irregularidad durante su gestión como gobernador de Tabasco.
Espionaje a opositores: la otra denuncia del PAN
Además de las acusaciones en Tabasco, Romero Herrera aprovechó la misma conferencia de prensa para revelar otra grave denuncia: la confirmación de que el gobierno espió a opositores.
La resolución del Poder Judicial de la Federación
El dirigente del PAN dio a conocer que el Poder judicial de la Federación resolvió este mes que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tenía 15 días para destruir los datos de comunicaciones que había recabado del propio Romero Herrera y de otros panistas, pese a que la fiscalía negaba tenerlos. El líder panista recordó que las fiscalías de la capital del país y de Colima habían abierto una indagatoria contra él y otros políticos del PAN en el marco de una acusación por secuestro, lo que les permitió solicitar a compañías telefónicas y de telecomunicaciones información de sus llamadas y datos de geolocalización.
Aunque las autoridades de Colima admitieron haber tenido acceso a esa información, las de la Ciudad de México lo negaron, incluso con pruebas de la existencia de dicha intervención telefónica. Esta negación fue refutada por el Poder Judicial, que obligó a la fiscalía capitalina a notificar sobre la destrucción de los datos que supuestamente no poseía. “Eso aquí en China es el reconocimiento formal de que espiaron”, enfatizó el panista, quien argumentó que este caso es una prueba de que el actual gobierno, con diversas reformas legislativas recién aprobadas en el Congreso, busca espiar a opositores, periodistas y ciudadanos.
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Iniciativas y acciones del PAN contra la vigilancia ilegal
Ante esta situación, el Partido Acción Nacional anunció que en el próximo periodo ordinario de sesiones presentarán una iniciativa para que en diversas leyes modificadas en semanas recientes, como las de la Guardia Nacional o la de Telecomunicaciones, se establezcan límites y filtros para evitar actos de vigilancia ilegal por parte del gobierno. Asimismo, indicaron que en la página web del PAN publicarán en los próximos días un formato predeterminado para que las personas interesadas en obtener un amparo contra actos de espionaje de las autoridades puedan recurrir a esa herramienta legal.
La exigencia del PAN de una investigación a fondo sobre los vínculos criminales del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y su ex gobernador, junto con la confirmación de presunto espionaje a opositores, plantean interrogantes fundamentales sobre la transparencia y el estado de derecho en la política nacional. ¿Prevalecerá la rendición de cuentas en estos casos de alta relevancia, o continuarán las dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones?
