Lo de Aguakán es tan indefendible que ni la propia empresa encuentra argumentos para justificar su concesión, obtenida y refrendada en los aciagos tiempos del PRI privatizador y voraz.
El gigante corporativo Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), razón social de Aguakán, ha intentado victimizarse como parte de una estrategia de defensa legal y política. Pero ni así le alcanza para seguir lucrando con un derecho humano como el agua potable.
DHC obtuvo la concesión con la dupla Carlos Salinas de Gortari – Mario Villanueva en 1993 y le fue ampliada en 2014 con el binomio Enrique Peña Nieto – Roberto Borge Angulo. Aguakán es el estandarte del PRI privatizador y corrupto. Su permanencia es políticamente inviable.
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Además, en el proceso electoral de 2022, los ciudadanos, a través de una consulta popular, dijeron NO a la continuidad de Aguakán.
A finales de 2023, la Legislatura inició el proceso para revertir la concesión. El asunto está en manos de la justicia federal, pues la empresa ha presentado amparo tras amparo para seguir con su negocio de vender agua en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Puerto Morelos e Isla Mujeres.
Dirían en la izquierda mexicana: Aguakán está moralmente derrotado. Ahora recurre, por increíble que parezca para un corporativo, a la estrategia de victimizarse.
Pero no hay de otra: Aguakán debe ser parte del pasado, un pasado que no debe volver.
