Desde hace más de un mes, el miedo a las redadas migratorias ha forzado a miles de migrantes en Los Ángeles a un confinamiento severo. La situación, descrita como una «nueva normalidad», expone la compleja trama de la política anti-inmigración y sus profundas implicaciones sociales. La ciudad, que alguna vez vibró con la energía de sus trabajadores, ahora parece sucumbir al silencio del temor.
La vida en reclusión: «Es un encierro que no se lo deseo a nadie»
La realidad para miles de migrantes indocumentados en Los Ángeles se ha transformado radicalmente. Alberto, un salvadoreño de 60 años sin visa, ilustra vívidamente este drama. Desde hace más de un mes, vive encerrado en su pequeño cuarto alquilado por temor a encontrarse con agentes de migración. «Es terrible», suspira Alberto, quien ni siquiera ha salido a hacer las compras. Para sobrevivir, se apoya en una organización que le lleva alimentos dos veces por semana, un apoyo crucial dada su imposibilidad de trabajar. «Me ayuda muchísimo, porque si no tengo esto… ¿cómo voy a comer? No tengo trabajo», afirma, identificándose con un seudónimo.
La redada en un autolavado a principios de junio, en la que varios de sus amigos fueron arrestados y luego deportados, dejó a Alberto atrincherado en su habitación, sin regresar al trabajo. A pesar de ser prediabético, duda en asistir a su próxima cita médica. Solo sale para estirar las piernas en el pasillo que lleva a su cuarto. «Estoy muy estresado. Me duele la cabeza, el cuerpo», se queja, lamentando no poder trabajar. Tras quince años en Estados Unidos, considera que este segundo mandato del presidente Donald Trump «es lo peor de todo».
La experiencia de Marisol, una hondureña de 62 años, resuena con la de Alberto. Ella ha pasado semanas confinada en su apartamento junto a doce familiares, dependiendo también de las donaciones de alimentos. «Le damos gracias a Dios constantemente… porque ha sido un gran alivio», expresa Marisol, quien no ha podido ir a misa en todo este tiempo. Identificándose también con un seudónimo, ha tapado sus ventanas para bloquear la visibilidad desde afuera y ha prohibido a sus nietos abrir la puerta. La preocupación la consume cada vez que sus hijas salen a trabajar algunas horas para cubrir los gastos básicos. «Siempre que ellas salen también pido a Dios que regresen, porque no se sabe, ¿verdad? Es aquella incertidumbre», comenta. Hace 15 años, Marisol huyó de Honduras con su familia por temor a que una pandilla reclutara a sus hijos, pero ahora se preguntan si vale la pena seguir en Estados Unidos. Sus hijos incluso han expresado: «Mami, a veces yo preferiría irme a Europa».
Un clima de terror y la respuesta en las calles
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La ofensiva anti-inmigración de comienzos de junio en Los Ángeles resultó en la detención de cientos de personas, en su mayoría latinos, en calles y lugares de trabajo como autolavados, ferreterías y fincas agrícolas. Videos compartidos en redes sociales mostraron a agentes enmascarados y armados actuando con aparente brutalidad y arbitrariedad. Esta situación desató una ola de protestas en la ciudad, algunas de las cuales escalaron a actos de violencia y vandalismo.
Con el argumento de que la ciudad sucumbía al caos, el presidente Donald Trump envió a cientos de marines y efectivos de la Guardia Nacional, a pesar de que las autoridades regionales y locales afirmaban tener la situación bajo control. El miedo a las redadas en los lugares de trabajo o en las paradas de autobús se expandió rápidamente, generando un impacto tangible. En junio, el uso del sistema de transporte público de Los Ángeles cayó 13.5 por ciento en comparación con el mes previo.
Las cifras de la ofensiva y una «nueva normalidad»
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) reveló la magnitud de sus operaciones. En junio, arrestó a más de 2 mil 200 personas en el área de Los Ángeles, de acuerdo con documentos analizados por la Agencia France-Presse (AFP). Sorprendentemente, un 60 por ciento de los detenidos no tenía antecedentes penales.
El panorama futuro para los migrantes parece desalentador. El Congreso acaba de aprobar enormes recursos financieros para el ICE, incluyendo 30 mil millones de dólares destinados a la contratación de 10 mil agentes adicionales para operativos de detención y deportación.
Norma Fajardo, directora de organización del Centro de Trabajadores de Lavadero de Autos CLEAN, una ONG que agrupa a trabajadores de autolavados, describe la situación como «muy triste e indignante». El 25 de julio de 2025, Fajardo fue vista llevando bolsas de comestibles para entregar a migrantes que, como Alberto, temen abandonar sus hogares. Ella describe cómo, al conducir por ciertos vecindarios, «a veces parece como un pueblo fantasma». CLEAN, junto con otras organizaciones, distribuye donaciones de comida a quienes se escondieron en sus casas. «Esto es muy necesario», afirma Fajardo, una estadunidense de 37 años.
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Fajardo cree firmemente que la arremetida no va a detenerse. «Parece la nueva normalidad», dice. «La primera vez que supimos de una redada en un autolavado nos sentimos en una situación de emergencia. Recién ahora comenzamos a aceptar que tenemos que hacer planes a largo plazo», explica. «La gente debería poder ir a su trabajo sin temor a ser secuestrada», sostiene, subrayando la urgencia de la crisis humanitaria.
La ciudad de Los Ángeles, un epicentro de diversidad, se enfrenta a una de sus mayores pruebas. La estrategia de intimidación migratoria ha provocado un éxodo silencioso, no de personas, sino de sus vidas diarias, confinados en la incertidumbre y el miedo. ¿Hasta cuándo podrá una metrópolis vital soportar el peso de una población invisibilizada por el terror a la deportación?
