Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Ejidatarios del municipio de Bacalar solicitaron la intervención del Gobierno de Quintana Roo para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cumpla con el pago pendiente de indemnización por las tierras expropiadas que actualmente ocupa la zona arqueológica de Ichkabal.
De acuerdo con autoridades ejidales, la dependencia federal aún mantiene un adeudo correspondiente al 20 por ciento de las indemnizaciones pactadas con el núcleo agrario de Bacalar, situación que ha generado inconformidad entre los propietarios de las tierras y mantiene incertidumbre sobre la conclusión de diversos compromisos relacionados con el proyecto turístico y arqueológico.
El comisariado ejidal de Bacalar, Refugio Cano Gómez, explicó que el retraso en la entrega de los recursos económicos se suma a la falta de avance en las obras complementarias previstas alrededor de la zona arqueológica, lo que también ha frenado la apertura oficial del sitio, considerado por los ejidatarios y autoridades locales como uno de los proyectos con mayor potencial para detonar el turismo en el sur de Quintana Roo.
Te puede interesar: Denuncian a INAH por uso comercial de la pirámide de Kukulkán
Los ejidatarios de Bacalar señalaron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aún adeuda el 20 por ciento de las indemnizaciones por las tierras expropiadas en la zona arqueológica de Ichkabal.
Refugio Cano Gómez detalló que este retraso financiero, sumado a la falta de conclusión de las obras complementarias, mantiene detenida la apertura oficial del sitio turístico, que esperan se convierta en uno de los principales detonantes económicos y turísticos de la región sur del estado.
El representante ejidal precisó que una de las principales obras con rezago es el estacionamiento proyectado para recibir a los visitantes de la zona arqueológica, ya que actualmente presenta apenas un 25 por ciento de avance y aún falta por construir aproximadamente el 75 por ciento restante.
Indicó que, según la información proporcionada por autoridades del INAH, los retrasos obedecen a la realización de estudios técnicos y revisiones con otras instancias gubernamentales; sin embargo, hasta el momento no existe una fecha concreta para liberar los recursos pendientes ni para reiniciar de manera formal los trabajos suspendidos.
Los ejidatarios advirtieron que esta situación afecta directamente las expectativas económicas de las comunidades cercanas, que ven en la apertura de Ichkabal una oportunidad para atraer mayor flujo turístico, generar empleos y fortalecer actividades comerciales y de servicios en la región.
Los ejidatarios hicieron un llamado al Gobierno del Estado para fungir como mediador ante las autoridades federales y agilizar tanto el pago de las indemnizaciones pendientes como la conclusión de las obras de infraestructura necesarias para que el sitio arqueológico pueda iniciar operaciones y recibir visitantes.
