Familiares de un padre y una menor asesinados en la comunidad El Guayabo acusan a elementos castrenses de omisión, burla y apego a protocolos restrictivos tras un ataque armado perpetrado por presuntos grupos criminales en Michoacán.
Fractura institucional y control territorial en Michoacán
La incursión de un comando armado en El Guayabo culminó con el homicidio de un civil y su hija, mientras los habitantes denuncian una parálisis operativa y la negativa de auxilio por parte de las fuerzas federales apostadas en la zona.
El pasado martes 13 de octubre, a las 23:30 horas, un grupo armado irrumpió en un domicilio de la comunidad El Guayabo, situada a 20 kilómetros de la cabecera municipal de Apatzingán. En el lugar, los agresores abrieron fuego y privaron de la vida a Jorge Luis Pérez Baldovinos, de 36 años, y a su hija Melody Alexa Pérez García, de ocho años. El ataque se perpetró en una región dominada por la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios Guardia Michoacana, organizaciones que utilizan drones y minas terrestres para someter a la población.
Jorge Luis Pérez Baldovinos había retornado a territorio nacional el pasado 31 de agosto, tras residir cinco años en Estados Unidos. Tras reencontrarse con sus hijos —un menor de seis años y la fallecida Melody Alexa—, dispuso de siete semanas de convivencia antes del atentado. Durante la agresión, el menor de seis años presenció los hechos, mientras que la menor de ocho años sobrevivió inicialmente al ataque con lesiones graves, preguntando recurrentemente por su padre, quien ya había fallecido en el sitio.
- Contexto regional: La zona registra un desplazamiento forzado constante debido al asedio del crimen organizado.
- Saldo del ataque: Dos víctimas mortales directas y menores de edad expuestos a situaciones traumáticas extremas.
- Aislamiento operativo: Las rancherías aledañas sufrieron balaceras simultáneas durante la noche del atentado.
Negativa castrense y exposición de protocolos restrictivos
Los abuelos de las víctimas revelan que los elementos del Ejército se negaron a intervenir durante la balacera, argumentando la necesidad de permisos y la condición de descanso de su comandante.
Tras escuchar las detonaciones, la familia de las víctimas intentó buscar refugio y apoyo. La abuela, Nancy, acudió junto a su hija y nietos a la escuela local, utilizada como base por el Ejército. En el sitio, los familiares suplicaron la intervención de los efectivos para rescatar a la menor herida. Sin embargo, la respuesta institucional derivó en confrontaciones verbales.
Nancy (Abuela de las víctimas): «Nos escuchaban, pero no nos hacían caso. Uno de los militares, como que se sonrió, hizo un gesto así y dijo: ‘Levántese en armas’. (…) El comandante está dormido».
Ante la insistencia de los pobladores, los militares señalaron que los protocolos internos les prohíben salir a brindar auxilio en flagrancia sin una autorización previa. La falta de respuesta inmediata prolongó la agonía de Melody Alexa, quien permaneció cerca de una hora sin atención médica especializada en el lugar de los hechos, rodeada de familiares que exigían la salida segura de la zona.
| Actor Involucrado | Posición Institucional | Recurso o Argumento |
| Familiares (Nancy y Conrado) | Demanda de auxilio inmediato y exigencia de justicia por el asesinato de sus familiares (Jorge y la menor Alexa) en El Guayabo, Apatzingán, Michoacán. | Presentación de evidencia en video que documenta la solicitud directa de apoyo a las tropas; denuncia de inacción frente a heridos civiles y exigencia de revisión/abrogación de protocolos de no intervención. |
| Elementos del Ejército | Omisión operativa durante el desarrollo de la agresión armada. | Justificación basada en la sujeción a mandos superiores y protocolos internos que exigen autorización formal para desplegarse o salir del destacamento (escuela local). |
| Presidencia (Claudia Sheinbaum) | Rechazo formal a los señalamientos de inacción institucional o pasividad regulada. | Afirmación de que las Fuerzas Armadas operan con facultad de actuar ante delitos e interposición de flagrancia, rechazando la existencia de directivas presidenciales deOmisión o contención instructiva. |
Discrepancia entre la versión presidencial y las pruebas gráficas
Los familiares de las víctimas retan a la titular del Ejecutivo federal a corroborar los hechos en el municipio y aseguran poseer registros audiovisuales que contradicen la postura oficial.
Días después de los acontecimientos, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones sobre la existencia de órdenes giradas a las fuerzas armadas para abstenerse de actuar ante delitos flagrantes. La respuesta de la administración federal generó fricción directa con los sobrevivientes, quienes sostienen que la actuación de los militares quedó registrada en videograbaciones.
El abuelo de la menor, Conrado, enfatizó la existencia de material gráfico que documenta la negativa de los elementos castrenses a brindar asistencia. Por su parte, la familia reiteró una solicitud formal para que la mandataria federal acuda a Apatzingán a verificar las condiciones de seguridad y escuche de manera directa los testimonios de los habitantes afectados por la violencia y el desplazamiento forzado.
- Respuesta presidencial: Descarte de órdenes de inacción militar en zonas de conflicto.
- Exigencia ciudadana: Visita directa al lugar de los hechos y revisión de evidencias en video.
- Vulnerabilidad colateral: Solicitud de apoyo para salir del país ante el temor generado tanto por las organizaciones criminales como por la propia fuerza castrense.
