El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a 11 individuos y dos entidades mexicanas vinculadas al Cártel de Sinaloa, atacando su infraestructura de lavado de dinero y tráfico de fentanilo, reforzando la ofensiva contra el narcoterrorismo.
La ofensiva de la OFAC contra el entramado financiero
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impulsó una serie de sanciones dirigidas a desarticular las operaciones ilícitas del Cártel de Sinaloa. Estas medidas fueron impuestas el miércoles 20 de mayo de 2026 sobre once personas, todas de nacionalidad mexicana, y dos entidades corporativas. El objetivo central de esta acción es combatir sus presuntos vínculos con el cártel, declarado previamente como organización terrorista por la administración de Donald Trump, y frenar el tráfico de fentanilo, una sustancia de alto impacto.
Entre los principales afectados por esta ofensiva se identifican a tres hombres clave acusados de participar activamente en una red dedicada al lavado de dinero. Este entramado financiero procesaba fondos derivados del narcotráfico del Cártel de Sinaloa, incluyendo los ingresos generados por la venta ilícita de fentanilo. Los individuos señalados son Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien es considerado el presunto cabecilla de esta extensa red de blanqueo de capitales, junto a Jesús Alonso Aispuro Félix y Rodrigo Alarcón Palomares. Su implicación directa en la canalización de recursos ilícitos ha sido un punto focal de la investigación del Tesoro.
Empresas fachada: el blindaje para el lavado de activos
El Tesoro estadounidense extendió sus sanciones a Alfredo Orozco Romero, quien fue descrito en el informe como un «empresario» dentro de la estructura criminal. Orozco Romero cumplía un doble rol fundamental para el cártel, actuando como asesor de seguridad para Ojeda Avilés y como cobrador de deudas relacionadas con envíos de cocaína. Para facilitar sus operaciones y ocultar la procedencia de los fondos, Orozco Romero utilizaba a dos mujeres, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes se desempeñaban como testaferros.
A través de la figura de estas personas, se lograron establecer y operar dos entidades que ahora forman parte del paquete de sanciones estadounidenses. Una de ellas es la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV, que presuntamente servía como cobertura para actividades ilícitas del narcotráfico. La segunda entidad es el restaurante Gorditas Chiwas, con sede en Chihuahua, que también fue señalado por su implicación como fachada en las operaciones de lavado de dinero. Esta estrategia empresarial permitía al cártel integrar fondos ilícitos en la economía formal, dificultando su rastreo por las autoridades.
La expansión territorial y las rutas del fentanilo
Las acciones punitivas del Tesoro no se limitaron a la red de lavado de dinero central. Se impusieron medidas adicionales contra otros seis hombres por su participación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y el blanqueo de capitales asociado a estas operaciones. Estas acciones ilícitas estaban dirigidas por Jesús González Peñuelas, un individuo que actualmente permanece prófugo de la justicia. El Departamento del Tesoro lo ha calificado como un «líder de célula del Cártel de Sinaloa», evidenciando su posición jerárquica y operativa.
González Peñuelas opera principalmente desde Sinaloa, México, coordinando una red compleja de distribución. Esta red mantiene activas células en diversas ubicaciones estratégicas dentro de Estados Unidos, incluyendo los estados de California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. La amplia dispersión geográfica de estas células subraya la capacidad del Cártel de Sinaloa para introducir y distribuir narcóticos, especialmente fentanilo, a gran escala en el territorio estadounidense, impactando la seguridad de múltiples comunidades.
Washington endurece su estrategia antidrogas
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, emitió un comunicado oficial donde reafirmó la postura inflexible de la administración estadounidense frente a las organizaciones narcoterroristas. Bessent declaró textualmente: «Esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno». La declaración enfatiza la determinación del gobierno de continuar la persecución activa de estos cárteles.
El Departamento del Tesoro, bajo la dirección de Bessent, ha manifestado su compromiso de seguir persiguiendo a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo. El objetivo explícito de estas operaciones es proteger a las comunidades estadounidenses y mantener la seguridad nacional frente a la amenaza persistente que representan estas organizaciones criminales y el flujo constante de drogas ilícitas hacia el país.
