Redacción/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- La propuesta de Morena para establecer de manera obligatoria el llamado “Día del Pueblo” en los 11 ayuntamientos fue desestimada por el diputado del PT, Hugo Alday, quien advirtió que imponer este esquema mensual podría vulnerar la capacidad presupuestal y hasta la autonomía municipal prevista en el artículo 115 constitucional.
El legislador señaló que, aunque actualmente algunos municipios realizan eventos en colonias o comunidades para atender a la ciudadanía, convertirlos en obligación legal representa un riesgo para el principio de municipio libre, pues cada administración debería tener la capacidad de definir la forma en que conduce su gobierno.
“A un presidente municipal puede no parecerle adecuado este tipo de esquemas y optar por otros”, expresó, en entrevista con el noticiero «Buenos Días».
De acuerdo con el análisis realizado por especialistas consultados por el propio diputado, existen precedentes en los que el Congreso del Estado establece obligaciones administrativas a los municipios —como ocurre en la Ley de Hacienda Municipal—, lo que en ciertos supuestos ha sido validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, advirtieron que imponer un evento mensual con participación directa del presidente municipal involucra recursos, logística y desplazamientos que podrían exceder las capacidades financieras de diversas comunas.
El planteamiento técnico subraya que la autonomía municipal se expresa en tres dimensiones: política, administrativa y financiera. Y aunque la propuesta no sería necesariamente inconstitucional, sí podría derivar en nuevos controles funcionales sobre ayuntamientos gobernados por la oposición, además de presiones presupuestales.
Y advirtió:
“Si se obliga a estos eventos, el municipio tendría que preguntar: ‘Si me impones esto, ¿de dónde obtengo los recursos?’ Ese debate debe darse”.
El legislador del PT, Hugo Alday, insistió en que el origen de la iniciativa podría ser “noble”, pero advirtió que su aplicación sin un análisis financiero y operativo amplio afectaría especialmente a municipios con grandes extensiones territoriales, donde trasladar servicios administrativos a comunidades alejadas implica mayores costos y complejidad.
