El Estado mexicano mantiene un vacío de información oficial sobre los hijos e hijas de personas desaparecidas, una población que la organización Tejiendo Redes Infancia cifra en 165 mil personas afectadas por la crisis nacional de seguridad.
La metodología detrás de la estimación poblacional
La organización utilizó modelos estadísticos internacionales para calcular el alcance del impacto en los descendientes, ante la carencia de registros institucionales que permitan identificar a esta población vulnerable.
- Referencia metodológica: Aplicación del esquema del Imperial College utilizado para medir la orfandad derivada de la pandemia por covid-19, publicado en The Lancet.
- Rango de fertilidad: Se estableció el segmento de 15 a 49 años, con una tasa de fecundidad de 1.6 hijos, alineada con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) de 2023.
- Universo base: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportaba 103 mil 76 personas desaparecidas en dicho rango de edad al 27 de agosto de 2026.
- Cifra resultante: La multiplicación de los registros arroja una aproximación de 165 mil 81.6 personas potencialmente vinculadas a las víctimas.
La invisibilidad como política institucional
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, señala que el principal hallazgo del informe no es solo la cifra, sino la omisión deliberada del Estado en la protección y registro de esta población.
- Ausencia de datos: Las comisiones de búsqueda nacionales y estatales omiten los vínculos familiares en sus expedientes, dificultando la atención integral.
- Fragmentación institucional: Instituciones clave, como el DIF y las procuradurías de protección, presentan una ausencia operativa en la restitución de derechos para los menores afectados.
- Respuesta secundaria: Las comisiones de víctimas abordan a los descendientes como un efecto colateral de la desaparición, sin articular estrategias enfocadas en la restitución de su proyecto de vida.
Impacto integral en los proyectos de vida
La desaparición de un progenitor fractura elementos básicos de la estructura familiar, incluyendo la seguridad económica, la salud, el acceso a la educación y la dinámica de cuidados.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la ONU, desde 2013, ha reconocido que niñas, niños y adolescentes son víctimas directas cuando desaparece una figura de tutela. Esta categorización se extiende más allá de la mayoría de edad, dado que las afectaciones en el desarrollo personal trascienden el límite de los 18 años.
Perspectiva ante la Asamblea General de la ONU
El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU ha solicitado al secretario general del organismo elevar el caso mexicano a discusión en la Asamblea General. El objetivo de las organizaciones es que el Estado mexicano abandone el enfoque adultocéntrico y asuma la responsabilidad de identificar, reconocer y proteger a los hijos e hijas de las víctimas de desaparición forzada en el territorio
