La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fidampu) aseguró el inmueble en Cairo 266, Azcapotzalco, ejecutando un desalojo sorpresivo sin notificación ni orden judicial, lo que dejó a decenas de familias sin hogar en un predio que mantiene un proceso de expropiación trunco.
Ejecución operativa al margen del debido proceso
El operativo, realizado el 16 de julio, utilizó el aseguramiento extrajudicial como mecanismo de control, evitando la intervención de autoridades civiles o judiciales mediante un acuerdo interno del Ministerio Público.
- Identificación de la carpeta: La acción se ejecutó bajo el expediente CI-FIDAMPU/A/UI-1C/D/00253/03-2024.
- Irregularidad procesal: La denuncia fue interpuesta por un tercero ajeno a los propietarios originales y a los grupos que ocupaban el edificio, beneficiando a una parte sin legitimidad reconocida.
- Despliegue táctico: La incursión incluyó a la Policía de Investigación y personal del Instituto de Vivienda (INVI) en un operativo nocturno que impidió la recuperación de pertenencias personales.
El limbo de la utilidad pública en Cairo 266
La intervención de la fiscalía ignora el decreto de expropiación emitido el 17 de febrero de 2023 por el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, que declaraba el predio de interés para vivienda social.
- Vulnerabilidad estructural: El edificio contaba con un dictamen de alto riesgo del Instituto para la Seguridad de las Construcciones desde el 21 de abril de 2017.
- Compromisos incumplidos: El decreto 2023 obligaba a los habitantes a una desocupación ordenada y reubicación, proceso que fue ignorado en favor de una medida coercitiva de la fiscalía.
- Parálisis administrativa: A pesar de la existencia de un programa de sustitución de vivienda, los residentes que cumplían con el proceso de regularización quedaron desprotegidos ante la toma policial.
Conexiones con el gabinete de despojos
El caso de Azcapotzalco replica dinámicas documentadas en otros puntos de la capital, donde la falta de escrituración facilita el despojo de predios intestados mediante presiones procesales.
- Caso cuba 11: La crisis en este inmueble del Centro Histórico refleja un patrón similar, donde la fiscalía ha negado la recepción de denuncias por despojo a los vecinos, a pesar de la flagrancia en intentos de invasión.
- Estratificación del poder: Mientras el Gobierno de la CDMX, a través del subsecretario Juan José García Ochoa, se deslinda de la responsabilidad al catalogar la acción como un «aseguramiento» autónomo, los afectados denuncian una falta de garantías para quienes habitan predios en disputa.
- Desigualdad de defensa: Los invasores detectados en otros predios en conflicto han contado con defensores privados inmediatos, contrastando con la indefensión de los inquilinos históricos frente a la actuación de la Fidampu.
