La investigación por la explosión de una pipa de gas LP en la colonia Las Granjas, Cuernavaca, enfrenta acusaciones por falta de pruebas y diligencias incompletas. La defensa de las familias afectadas señala una posible negligencia institucional que favorecería a la empresa propietaria del vehículo.
Ausencia de peritajes en la carpeta de investigación
El expediente, que integra más de 600 fojas, carece de la totalidad de los dictámenes periciales anunciados previamente por la autoridad estatal.
Tras acceder a una copia cotejada de la carpeta, el abogado Eduardo Núñez Morales reveló la inexistencia de los 120 dictámenes periciales que la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo el mando de Fernando Blumenkron Escobar, había reportado como ejecutados. Los informes presentes solo consignan la necesidad de apoyo especializado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), solicitud realizada el 14 de agosto sin que hasta la fecha exista respuesta oficial o registro de peritos designados.
Deficiencias en el rastreo de la empresa
La investigación omite documentación esencial sobre la personalidad jurídica y las condiciones técnicas de la unidad siniestrada.
La carpeta de investigación presenta vacíos críticos respecto a la identidad de Tomza Gas Titanium, el ente responsable de la pipa:
- Identificación fiscal: No constan datos de la empresa ni su póliza de seguro.
- Diligencias pendientes: Pese a la emisión de un oficio urgente el 7 de agosto, no existe constancia de que se haya recabado información en las instalaciones de la empresa.
- Inactividad operativa: La defensa señala que la empresa no fue citada en los primeros días del siniestro y cuestiona la falta de inspección en un encierro de pipas ubicado en Coatetelco.
Cuestionamientos a la Coordinación Estatal de Protección Civil
Las víctimas interpelan a la dependencia sobre la continuidad operativa de la empresa y la legalidad de sus protocolos de revisión.
La Coordinación Estatal de Protección Civil, liderada por Ubaldo González Carretes, es señalada por no haber dictado una suspensión temporal tras el percance. La defensa contrapone la versión oficial, que situaba la revisión de la empresa para el mes de septiembre, con la Ley de Protección Civil del Estado, que mandata realizar dichas inspecciones durante el primer trimestre del año. Las víctimas exigen conocer los antecedentes, el inventario de pipas en circulación y los resultados de inspecciones previas, otorgando un plazo de tres días para la entrega de esta información bajo riesgo de interponer juicios de amparo.
Propuesta de reparación bajo daño punitivo
El equipo legal busca trascender la compensación material mediante un enfoque de responsabilidad punitiva inspirado en criterios de la Suprema Corte.
La estrategia jurídica propone aplicar el concepto de daño punitivo, tomando como referencia los amparos directos 30/2013 y 31/2013 de la SCJN. Este criterio sostiene que la reparación debe ser integral y extrapatrimonial, considerando la capacidad económica del responsable y la gravedad de la afectación social. El objetivo es generar un efecto disuasivo mediante una sanción calculada sobre el riesgo al que la empresa expuso a la población, superando la visión limitada de cubrir exclusivamente los daños materiales derivados de la explosión.
