La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) desestimó las advertencias de riesgo emitidas por el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien denunció amenazas de muerte y hostigamiento oficial un año antes de ser privado de la vida en julio de 2026.
Cronología de una desatención institucional
La DDHPO evitó la apertura de un expediente formal, limitando la denuncia del comunicador a un cuaderno de antecedentes que concluyó sin medidas preventivas ni vinculación con autoridades.
El 14 de julio de 2025, Francisco Alejandro Leyva Aguilar compareció ante la visitadora Maira Cortés Reyna, formalizando una denuncia contra el gobernador Salomón Jara Cruz y servidores públicos estatales. El comunicador detalló el origen de su vulnerabilidad:
- Sustento de la denuncia: Los ataques iniciaron en la sección «Trapitos al Sol» de las conferencias matutinas del Ejecutivo estatal.
- Modus operandi: El periodista documentó campañas de difamación en portales y redes sociales presuntamente vinculadas al gobierno de Oaxaca.
- Amenazas directas: Leyva Aguilar testificó recibir llamadas telefónicas con advertencias explícitas sobre su integridad física y su labor profesional.
- Intensificación: Entre el 2 y 5 de julio de 2025, el nivel de hostigamiento escaló, consolidando un patrón de intimidación contra su ejercicio periodístico.
Resolución de la defensoría ante el riesgo latente
El organismo omitió investigar la posible responsabilidad estatal al considerar que los ataques provenían de particulares, retrasando la intervención federal por un periodo prolongado.
El 15 de agosto de 2025, la DDHPO, bajo la gestión de Elizabeth Lara Rodríguez, cerró toda posibilidad de protección estatal al emitir una resolución que exoneraba a la administración pública. El documento argumentó la ausencia de elementos para acreditar violaciones a derechos humanos, al clasificar las agresiones como actos de medios digitales no oficiales. Fue necesario esperar hasta enero de 2026 para que el organismo notificara al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal, meses después de la solicitud original.
Ejecución y cuestionamientos al organismo
El asesinato de Leyva Aguilar el 22 de julio de 2026 en el fraccionamiento La Esmeralda, municipio de San Pablo Etla, detonó un rechazo generalizado hacia la gestión de la DDHPO.
La familia de la víctima calificó de negligente la actuación de la Defensoría, cuya inacción es señalada como un factor determinante en la exposición del periodista. El descontento ha escalado hacia el ámbito legislativo y de la sociedad civil:
- Revisión legislativa: Organizaciones como Consorcio para el Diálogo Parlamentario, representada por Yesica Sánchez Maya, han exigido al Congreso de Oaxaca evaluar la permanencia de Elizabeth Lara Rodríguez.
- Historial de opacidad: El caso se suma a cuestionamientos previos sobre la actuación de la DDHPO en expedientes de alto impacto, como las denuncias de malos tratos en casas hogar del DIF Oaxaca y el deceso de dos menores migrantes en la Casa Hogar «Pato».
- Presión federal: Legisladores han manifestado su rechazo ante la falta de diligencia institucional, intensificando el escrutinio sobre el desempeño actual del organismo garante de derechos humanos en la entidad.
