El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el inicio de acciones legales por difamación contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, tras ser señalado públicamente de mantener reuniones con figuras políticas vinculadas a Adolfo Macías, alias «Fito», líder de una de las estructuras criminales más violentas de la región.
La escalada de tensión entre ambos mandatarios, cuyas ideologías se encuentran en polos opuestos, alcanzó un punto crítico después de que Daniel Noboa afirmara en una entrevista con un medio colombiano que Petro sostuvo encuentros con miembros del principal partido de oposición en Ecuador, quienes presuntamente poseen nexos con la organización de «Fito». Adolfo Macías, figura central de esta controversia, fue extraditado a Estados Unidos el año pasado bajo cargos de narcotráfico y tráfico de armas, consolidándose como un objetivo prioritario para la seguridad continental.
- Acusación directa: Noboa vincula al entorno de Petro con el liderazgo de bandas criminales transnacionales sin presentar pruebas documentales.
- Respuesta jurídica: Gustavo Petro rechaza cualquier conocimiento o contacto con Macías y confirma la presentación de una demanda penal.
- Paradoja de seguridad: El mandatario colombiano reveló que el propio Noboa ordenó protección militar absoluta para él durante su visita a Manta en mayo, ciudad identificada como un enclave logístico para la cocaína.
Esta confrontación diplomática se superpone a una guerra comercial activa que inició en enero, cuando Ecuador impuso aranceles unilaterales a las importaciones colombianas bajo el argumento de una falta de control fronterizo efectivo. En represalia, Colombia suspendió la venta de energía eléctrica y aplicó sus propios gravámenes, provocando que Ecuador incrementara sus tarifas de forma progresiva del 30% al 100%, medida que entrará en vigor el próximo mes y que amenaza con paralizar el intercambio mercantil entre ambas naciones.
La ausencia de una respuesta inmediata por parte del gobierno ecuatoriano ante el anuncio de la demanda profundiza la incertidumbre en Sudamérica. Mientras las dos naciones enfrentan una crisis de seguridad interna impulsada por el narcotráfico, la ruptura del diálogo institucional entre sus líderes desplaza la cooperación bilateral hacia los tribunales y el proteccionismo económico extremo.
