El gobierno de Corea del Sur prevé permitir los abortos con medicamentos para embarazos de hasta nueve semanas en el primer trimestre de 2027, una decisión inédita destinada a salvaguardar los derechos de las mujeres tras años de vacío legal.
El contexto normativo y el fallo constitucional
La flexibilización responde a una directriz del Tribunal Constitucional emitida en 2019 para revocar la prohibición histórica del procedimiento, aunque el Parlamento mantiene la legislación sin cambios por la resistencia conservadora y religiosa.
- Fallo histórico: El Tribunal Constitucional ordenó en 2019 flexibilizar la prohibición de la mayoría de los abortos, considerada una de las más estrictas del mundo desarrollado.
- Parálisis legislativa: El Parlamento sigue sin revisar la normativa relacionada debido a la fuerte oposición de grupos religiosos y conservadores.
- Riesgos previos: La falta de regulación orilló a mujeres a utilizar canales en línea no autorizados para adquirir fármacos sin verificar, generando confusión médica y afectando el derecho a elegir entre métodos quirúrgicos o farmacológicos.
La implementación del sistema médico y los plazos oficiales
La administración proyecta la importación legal de un tratamiento combinado bajo supervisión médica directa durante los primeros años de aplicación.
- Cronograma gubernamental: El ejecutivo contempla permitir los abortos con medicamentos para mujeres con un máximo de nueve semanas de gestación hacia el primer trimestre de 2027.
- Supervisión inicial: Durante los dos primeros años posteriores a su autorización, las píldoras deberán ser recetadas y dispensadas directamente por médicos.
- Composición farmacéutica: La medida procesa la solicitud de una empresa local para importar el paquete combinado de mifepristona y misoprostol, régimen habitual en Estados Unidos.
- Impulso ejecutivo: El presidente Lee Jae Myung instruyó en julio explorar vías para habilitar el uso de este tratamiento compuesto por dos fármacos.
Reacciones sectoriales y exigencias de cobertura sanitaria
Organizaciones civiles respaldan la apertura institucional, mientras que los gremios médicos y sectores religiosos externan reparos sobre la seguridad y el respaldo jurídico.
- Postura gubernamental: La ministra de Igualdad de Género y Familia, Won Min-kyong, subrayó que la introducción del método busca garantizar interrupciones seguras dentro del sistema nacional de salud y corregir la ausencia de supervisión estatal.
- Demanda de cobertura: La Asociación de Mujeres Unidas de Corea del Sur catalogó el anuncio como un paso inicial y exigió al gobierno acelerar el acceso a los fármacos e incluirlos en el seguro nacional de salud.
- Objeción religiosa: La Conferencia Episcopal de Corea manifestó profundas preocupaciones al argumentar que la directriz profundizará el desprecio por la vida humana.
- Exigencia de salvaguardas: La Asociación Coreana de Obstetras y Ginecólogos advirtió que la normativa es insuficiente, exigiendo bases legales que atiendan complicaciones como hemorragias o abortos incompletos y protejan a los médicos de procesos penales.
