La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desestimó las acusaciones sobre un presunto encubrimiento al Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, calificando de falsas las narrativas que señalan una supuesta protección a la institución castrense en la Recomendación 208VG/2026.
Respuesta ante el cuestionamiento público
El organismo sostiene que las críticas vertidas contra su resolución carecen de sustento técnico y pruebas, atribuyendo el descontento a una campaña de deslegitimación articulada por analistas y voceros de diversas organizaciones.
La CNDH subraya los puntos críticos frente a las descalificaciones recibidas:
- Falta de argumentos: El organismo afirma que las críticas se limitan a calificativos y adjetivos sin presentar pruebas que contradigan sus conclusiones.
- Carácter de la recomendación: Rechaza que el documento sea un distractor o un ejercicio ideologizado, defendiendo su metodología frente a quienes la tildan de falaz.
- Integridad institucional: Niega las acusaciones de que el texto constituya una deshonra para la Comisión o una «mentira histórica» para las víctimas.
Deslinde de responsabilidad institucional
La CNDH puntualiza que sus hallazgos se limitan a conductas individuales y no a una operación sistemática del Ejército, desestimando la existencia de un plan de contrainsurgencia o estrategia de exterminio en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los ejes del posicionamiento sobre la actuación castrense incluyen:
- Conductas individuales: Las responsabilidades identificadas no derivan de fallas normativas de la institución, sino de acciones particulares de ciertos elementos.
- Seguimiento jurídico: El organismo asegura que aborda los procesos legales de 20 militares vinculados, incluyendo a los comandantes de los batallones 27/o y 41/o de Infantería.
- Alcance jurisdiccional: La CNDH recuerda que no tiene facultad para exonerar o condenar, siendo esa una tarea exclusiva del Ministerio Público y las autoridades judiciales.
Presión política por la permanencia de Rosario Piedra
La gestión de Rosario Piedra enfrenta una creciente ofensiva legislativa, encabezada por actores políticos que exigen su salida inmediata de la titularidad del organismo.
- Solicitud de dimisión: El 14 de julio, la diputada Laura Ballesteros, integrante de Movimiento Ciudadano, formalizó la petición para que Piedra Ibarra deje el cargo.
- Juicio político: Existe una solicitud de juicio político promovida por familiares de personas desaparecidas que actualmente se encuentra en espera de trámite en la Cámara de Diputados.
- Contador de acciones: La oposición ha implementado mecanismos de seguimiento público para presionar a la Cámara baja en el desahogo del proceso contra la presidenta de la Comisión.
