La reciente liberación de Mario Alberto Sabag Corona, presunto feminicida de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, bajo una polémica modificación de medida cautelar, desata una crisis de confianza en el sistema judicial mexicano y reactiva la lucha ciudadana contra la impunidad estructural en delitos de violencia extrema contra la mujer.
El agravio sistemático en el proceso de Maciel Alejandrina
La situación de injusticia que rodea el feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo ha regresado con fuerza a la opinión pública. El detonante fue una resolución judicial que alteró drásticamente la medida cautelar impuesta al principal sospechoso, repitiendo un patrón de fallos institucionales que castigan a las familias de las víctimas tras años de litigio.
Austria, hija de la víctima y referente de esta exigencia de justicia desde 2019, encabezó el pasado 9 de abril una movilización frente al Tribunal de Disciplina Judicial. El objetivo fue denunciar la excarcelación del presunto responsable del crimen de su madre y alertar sobre la vulnerabilidad extrema en la que quedan las víctimas indirectas ante un sistema que prioriza tecnicismos sobre la seguridad de los denunciantes.
La cronología de una detención revertida
- 2019: Inicio de la batalla legal liderada por la familia de Maciel.
- 2023: Detención y vinculación a proceso de Mario Alberto Sabag Corona.
- 2024: Emisión de un amparo que ordena la libertad inmediata del imputado.
La resolución de la jueza Amarande Riojas Orozco
El giro procesal emana directamente de la titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal, Amarande Riojas Orozco. La jueza otorgó un amparo que instruyó al juez de Control a dejar insubsistente la prisión preventiva del acusado en un plazo máximo de 48 horas.
Bajo la presión de posibles sanciones por incumplimiento, un juez de control de la Ciudad de México acató el fallo, sustituyendo la reclusión por un esquema de resguardo domiciliario. Esta medida queda bajo la supervisión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aunque el propio juez de control manifestó reservas públicas sobre el alcance y las implicaciones de dicha determinación durante la audiencia.
Detalles del feminicidio y las huellas de la violencia
El crimen ocurrió la madrugada del 18 de marzo de 2019 en el domicilio que la víctima compartía con su pareja. Los registros forenses documentan una agresión caracterizada por la brutalidad extrema, dejando a Maciel con lesiones que resultaron fatales tras semanas de agonía en el hospital.
Evidencia forense de la agresión
La inspección técnica del cuerpo reveló múltiples contusiones en toda la anatomía, un traumatismo craneoencefálico severo y una herida punzante en la garganta, ocasionada por un gancho que fue incrustado en su cuello. Estas heridas son la prueba material de un ataque directo que terminó con la vida de Maciel.
A la gravedad del acto se suman irregularidades detectadas desde el primer momento: la familia ha denunciado alteraciones intencionales en la escena del crimen y maniobras para ocultar el paradero de la víctima, quien fue ingresada al centro hospitalario bajo un nombre distinto al suyo, dificultando su localización inmediata por parte de sus seres queridos.
Omisiones en el juicio y riesgos de evasión
Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa crítica de juicio oral. Sin embargo, la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario es vista por los deudos como un puente hacia la impunidad. Un hecho que refuerza este temor fue la inasistencia del imputado a una audiencia programada para el 7 de abril, conducta que para la familia incrementa exponencialmente el riesgo de fuga ahora que la sentencia definitiva se aproxima.
Ausencia de perspectiva de género
La familia subraya un vacío jurídico alarmante en la sentencia de 72 páginas que concedió el amparo. Según denuncian, el documento omite cualquier análisis o aplicación de los estándares internacionales para juzgar con perspectiva de género. Esta carencia es crítica, pues ignora el historial de violencia del caso y el peligro real que corren las víctimas indirectas.
Responsabilidad de la defensa en la dilación procesal
Otro punto de fricción es el argumento del tiempo transcurrido en prisión. La jueza no habría considerado que los retrasos entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 fueron provocados por la propia estrategia de la defensa, que solicitó múltiples diferimientos e incidencias.
La ley mexicana establece que el límite de dos años de prisión preventiva puede extenderse si la demora es consecuencia del ejercicio del derecho de defensa o si existe una renuncia expresa a los plazos, como ocurrió en este caso el 2 de septiembre de 2024.
Un síntoma de fallas estructurales en la justicia mexicana
El caso de Maciel Alejandrina trasciende lo individual para convertirse en un reflejo del funcionamiento deficiente del sistema judicial. Colectivas feministas y especialistas en derecho advierten que este fallo es parte de un patrón de procesos revictimizantes que generan escenarios de impunidad incluso ante pruebas de violencia extrema.
Existe una contradicción señalada por activistas: la jueza Riojas Orozco había sido vinculada previamente con agendas en favor de la mujer, sin embargo, su fallo actual es percibido como un retroceso técnico que ignora la realidad de la violencia feminicida en México. Ante este escenario, la familia ha formalizado una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial, manteniendo la postura firme de que su lucha no busca venganza, sino una justicia que el Estado les ha negado por años.
