Especial/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- La inminente salida de Roberto Borge Angulo de un penal federal para continuar bajo prisión domiciliaria uno de los procesos que acumuló por corrupción abre una fuerte incógnita sobre el desenlace de las carpetas estatales contra el exgobernador.
La atención se ha concentrado en sendos procesos federales por operaciones con recursos de procedencia ilícita y en la reciente absolución que obtuvo por delincuencia organizada.
Sin embargo, detrás de esos procesos existe una historia menos conocida y probablemente más relevante para Quintana Roo: la de las causas penales estatales que fueron presentadas como el gran emblema de la lucha contra la corrupción del borgismo.
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A casi diez años del cambio político de 2016, la pregunta sigue vigente: ¿qué ocurrió con los expedientes locales que justificaron buena parte de la narrativa del llamado combate a la impunidad del carlosjoaquinismo?
Bandera de Carlos Joaquín
La persecución judicial contra Roberto Borge fue uno de los pilares políticos del gobierno de Carlos Joaquín González, el primer gobernador no priista en la historia de Quintana Roo.
Ex priista, Carlos Joaquin llegó al poder impulsado por una alianza del PRD y PAN. Construyó buena parte de su discurso alrededor del rechazo al sexenio anterior: La venta de terrenos públicos, las acusaciones de desvío de recursos y el crecimiento de una red de presuntos beneficiarios del poder político fueron utilizados como símbolo de una administración que debía rendir cuentas.
La captura de Borge en Panamá, en junio de 2017, y su posterior extradición fueron presentadas como una victoria histórica para Quintana Roo.
Sin embargo, mientras los años avanzaron, el foco se trasladó hacia los tribunales federales y los expedientes estatales comenzaron a desaparecer del debate público.
Entre las investigaciones impulsadas por la Fiscalía General del Estado destacó la relacionada con VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP Saesa).
Las autoridades acusaron al exgobernador de utilizar la paraestatal para realizar contrataciones presuntamente irregulares de servicios aéreos que habrían ocasionado daños patrimoniales millonarios.
En mayo de 2019 fue vinculado a proceso por el delito de aprovechamiento ilícito del poder.
La acusación señalaba afectaciones superiores a 590 millones de pesos, aunque en distintas actuaciones judiciales se mencionaron montos de más de 319 millones de pesos y 40 millones de dólares.
Era, en ese momento, uno de los expedientes considerados más sólidos contra el exmandatario.
Las investigaciones estatales no se limitaron a VIP Saesa.
La Fiscalía también integró causas por peculado y desempeño irregular de la función pública, relacionadas con decisiones administrativas tomadas durante el sexenio de Borge.
Estos expedientes formaron parte del conjunto de acusaciones que acompañaron la solicitud de extradición y que fueron presentados como evidencia de un esquema sistemático de utilización indebida de recursos públicos.
Con el paso de los años, sin embargo, la información sobre su avance se volvió cada vez más escasa.
En diciembre de 2020 surgió una nueva vinculación a proceso.
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.La Fiscalía acusó a Borge por la adjudicación presuntamente irregular de un contrato para la renta de un helicóptero durante 2013.
La nueva causa fortalecía la percepción de que todavía existía una amplia ruta judicial por recorrer en Quintana Roo.
Pero tampoco este expediente logró mantenerse en el centro de la discusión pública.
Paralelamente, las investigaciones revelaron operaciones inmobiliarias que terminaron convirtiéndose en uno de los capítulos más conocidos del borgismo.
Las autoridades documentaron ventas de predios públicos en Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum a precios que consideraron subvaluados.
Entre los beneficiarios señalados aparecieron familiares de funcionarios, empresarios cercanos al poder político, desarrolladores inmobiliarios y personajes vinculados a distintos grupos de influencia en Quintana Roo.
La lista incluyó operaciones relacionadas con allegados al entonces secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina; desarrolladores de Aldea Zamá; familiares del entonces alcalde cozumeleño Fredy Marrufo, así como diversos particulares favorecidos mediante adquisiciones posteriormente cuestionadas por las autoridades.
Estas operaciones constituyeron la base de varias de las investigaciones que acompañaron la caída política del exmandatario.
Las investigaciones tampoco se limitaron a Roberto Borge. Hubo una decena de coacusados.
Uno de los casos más relevantes fue el de Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas, quien se dio a la fuga y nunca fue localizado por las autoridades.
Diversos expedientes le atribuyeron daños patrimoniales por cientos e incluso miles de millones de pesos en distintos rubros, incluidos recursos del impuesto al hospedaje y fondos destinados al sector agropecuario.
Hoy, cuando Borge abandona la prisión federal para continuar su proceso bajo vigilancia domiciliaria, la discusión pública se ha concentrado nuevamente en los expedientes federales.
Sin embargo, la principal incógnita sigue estando en Quintana Roo.
A diferencia de los procesos federales, que produjeron resoluciones, amparos, vinculaciones y sentencias ampliamente difundidas, las causas locales quedaron envueltas en una zona gris.
No existe una explicación pública clara sobre cuántas continúan vigentes, cuántas fueron suspendidas, cuántas se encuentran empantanadas en recursos legales o cuántas lograron avanzar hacia una resolución definitiva.
La Fiscal
Al frente de buena parte de los procesos locales contra Roberto Borge estuvo Rosaura Villanueva Arzápalo, quien dejó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el 13 de septiembre de 2024, al concluir los siete años para los que fue designada al inicio del gobierno de Carlos Joaquín González.
Su nombramiento ocurrió en medio de la expectativa de que la nueva institución encabezara las investigaciones por los presuntos actos de corrupción cometidos durante la administración del exgobernador.
Durante su encargo se anunciaron diversas denuncias y carpetas de investigación relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos, la venta irregular de terrenos del patrimonio estatal y otras operaciones atribuidas a exfuncionarios borgistas. Sin embargo, varios expedientes enfrentaron retrasos, recursos legales y dificultades para llegar a sentencias firmes, mientras algunos excolaboradores del exmandatario obtuvieron beneficios judiciales o acuerdos que redujeron el impacto de los procesos impulsados por la Fiscalía Anticorrupción.
Desde septiembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción es encabezada por Edgar Ramírez Morales, designado para un periodo que concluye en 2036. Previamente se desempeñó como secretario técnico del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad en Quintana Roo.
A casi una década de la alternancia política de 2016, la gran pregunta permanece sin respuesta: qué ocurrió con los procesos estatales que fueron anunciados como el principal instrumento para sancionar la corrupción del sexenio de Roberto Borge Angulo
