La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo al ISSSTE para invalidar el cobro de 5,810 millones de pesos por impuestos omitidos entre 2009 y 2013. La resolución, impulsada por la ministra Lenia Batres, ordena recalcular los créditos fiscales impuestos por el Gobierno de la Ciudad de México.
La Segunda Sala de la Suprema Corte determinó que los inmuebles pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se encuentran bajo el régimen de dominio público. Esta condición jurídica, fundamentada en el artículo 122 constitucional, establece una exención en el pago de impuestos locales como el predial, nómina y derechos de agua. La sentencia revierte la determinación de créditos fiscales fijada en 2017 por las autoridades de la Ciudad de México, correspondientes a periodos que abarcan desde el año 2009.
La carga de la prueba en este proceso recae sobre la autoridad fiscal capitalina. Según el criterio aprobado, corresponde al Gobierno de la CDMX acreditar qué bienes específicos no forman parte del régimen de dominio público, eliminando la obligación del Instituto de justificar su estatus para acceder a la exención fiscal. Este proyecto de resolución fue presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, destacándose el vínculo familiar directo entre la ponente y Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE. A pesar de esta relación, la ministra no presentó impedimento alguno para participar en la votación.
En contraste, el ministro Irving Espinosa Betanzó sí planteó un impedimento formal. Su decisión se fundamentó en su participación previa como magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en 2023, organismo que había confirmado originalmente los créditos fiscales en contra del ISSSTE. El pleno aceptó su retiro del caso por unanimidad. Antes de la votación definitiva, se registraron solicitudes de aplazamiento por parte de otros integrantes de la SCJN. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, sugirió postergar la discusión para analizar información reciente y ante la posibilidad de un acuerdo de pago mencionado por la jefatura de Gobierno de la CDMX.
Lenia Batres insistió en mantener el asunto en el orden del día, argumentando que el tema llevaba meses bajo análisis y existían condiciones para resolverlo de inmediato. Ante esto, Aguilar Ortiz no insistió en la prórroga. La única ministra que votó en contra del proyecto fue María Estela Ríos, quien indicó que el amparo era improcedente por haber sido tramitado fuera de tiempo, aunque aclaró que comparte la postura de fondo sobre la exención de los pagos.
La ejecución del cobro de 5,810 millones de pesos representaría aproximadamente el 20% del ingreso total anual que la Ciudad de México percibe por concepto de impuesto predial. No obstante, el argumento central para el amparo se basó en la protección de la operatividad del ISSSTE, planteando que un pago de tal magnitud colocaría a la institución al borde de la quiebra financiera. La afectación directa impactaría en los servicios de salud preventiva, el pago de pensiones y las prestaciones de seguridad social, justificando la intervención judicial como una medida de protección a la viabilidad del organismo.
