El Human Rights Center de UC Berkeley registró 337 homicidios de comunicadores y activistas entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, evidenciando un entorno letal marcado por la estigmatización oficial y la vigilancia militar clandestina.
Radiografía de la violencia letal en el periodo presidencial
El informe titulado Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México detalla que de las 337 víctimas registradas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, un total de 78 correspondieron a periodistas y 259 a defensores de derechos humanos.
- Desviación estadística oficial: La cifra documentada supera las mediciones de organizaciones civiles como Artículo 19, que había contabilizado entre 46 y 47 homicidios de comunicadores en el mismo lapso.
- Análisis forense de expedientes: El centro universitario evaluó 75 expedientes sobre homicidios, desapariciones forzadas y agresiones físicas severas cometidas contra ambos sectores.
- Cálculo de impunidad: El estudio estimó que el nivel de impunidad para los delitos perpetrados contra periodistas y activistas durante dicho sexenio oscila entre el 93% y el 99 por ciento.
Discurso oficial y procesamiento automatizado de conferencias matutinas
Mediante el uso de inteligencia artificial, la investigación examinó 1,437 conferencias matutinas del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, detectando 2,827 segmentos con un patrón de lenguaje estigmatizante hacia la labor informativa.
- Estigmatización institucional: El análisis identificó el uso recurrente de expresiones descalificatorias como «prensa fifí», «chayoteros» y «hampa del periodismo».
- Tratamiento al gremio: La investigadora Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del HRC, señaló que tanto comunicadores como activistas fueron catalogados como enemigos del Estado por cuestionar al poder.
Espionaje militar sin control y uso de software israelí
Una investigación digital forense corroboró que un centro secreto de inteligencia dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional utilizó herramientas de interceptación sin autorización judicial ni marco legal habilitante.
- Herramientas de intervención: El sistema incluyó el software Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group, además de los programas Geomatrix (de Rayzone) y Cellebrite UFED.
- Origen de la revelación: La reconstrucción de estas operaciones se sustentó en archivos internos filtrados en el hackeo conocido como Guacamaya Leaks, concretado contra la Sedena en septiembre de 2022 con un volumen de seis terabytes.
- Antecedente documentado: La investigación periodística «Ejército Espía», publicada en 2022 con participación de Proceso, ya había acreditado que la Sedena operaba Pegasus durante el sexenio, a pesar de las negativas oficiales sobre la continuidad de estas prácticas.
- Proporción de ataques globales: Datos presentados en abril de 2025 en un litigio en Estados Unidos revelaron que 456 teléfonos en México fueron blanco de Pegasus entre abril y mayo de 2019, equivalente al 37% de las 1,233 víctimas globales identificadas por NSO Group en dicho intervalo.
Persistencia del riesgo y tensiones institucionales bajo la administración de Claudia Sheinbaum
El cambio de gobierno federal no detuvo las agresiones letales ni las confrontaciones discursivas en torno al ejercicio periodístico y la crítica pública.
- Víctimas en la nueva gestión: Reporteros Sin Fronteras documentó 17 periodistas asesinados desde el inicio del mandato de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de 2024 hasta el 26 de agosto de 2026, mientras que Artículo 19 contabilizó 13 casos hasta el 16 de julio de ese año.
- Exigencia conjunta: El 26 de agosto de 2026, RSF y más de 40 medios mexicanos exigieron una respuesta gubernamental ante la continuidad de los crímenes y la falta de castigo.
- Exposición de cuentas críticas: En agosto de 2026, la consejería jurídica de la Presidencia presentó un análisis sobre un ecosistema de amplificación digital que expuso a 54 cuentas de periodistas, medios y figuras públicas, originando advertencias por parte de organizaciones como RSF y el Comité para la Protección de los Periodistas sobre posibles riesgos de hostigamiento.
