Más de 27 millones de peruanos eligen hoy en segunda vuelta al próximo presidente entre la conservadora Keiko Fujimori y el nacionalista Roberto Sánchez, en un escenario de empate técnico donde la principal demanda ciudadana radica en frenar la inseguridad y la delincuencia.
La jornada electoral comenzó a las 7:00 de la mañana bajo la supervisión de Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El titular del organismo electoral confirmó el despliegue supervisado del material logístico al 100% en todos los centros de votación habilitados en el territorio nacional.
Las urnas definirán un mandato presidencial de cinco años que comenzará formalmente el 28 de julio, coincidiendo con la conmemoración de las fiestas patrias de la nación andina. El proceso electoral de segunda vuelta se desarrolla en un contexto de polarización y con un margen elevado de votantes que no han definido su preferencia.
Radiografía de la primera vuelta y el rechazo ciudadano
El panorama político actual arrastra los resultados de la primera vuelta electoral celebrada en abril, donde más del 70% del electorado no respaldó a ninguno de los dos candidatos finalistas. En aquella instancia, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, obtuvo el 17,18% de los sufragios, mientras que Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, alcanzó el 12,03%.
De acuerdo con las mediciones estadísticas de la encuestadora Ipsos Perú realizadas hacia finales de mayo, el rechazo ciudadano se mantiene equilibrado y alto para ambas figuras, reportando un 40% de desaprobación firme contra Fujimori y un 38% contra Sánchez. El estudio cuenta con un margen de error de 2,8 puntos porcentuales, reflejando las dificultades de ambos sectores para consolidar una mayoría absoluta. Debido a las regulaciones de la legislación electoral peruana, la difusión de cualquier sondeo de opinión quedó estrictamente prohibida durante la semana previa al balotaje.
El sector opuesto a la postulación de Fujimori vincula su figura con las prácticas autoritarias y los casos de corrupción asociados al régimen gubernamental de su padre. Por el contrario, los cuestionamientos dirigidos hacia Sánchez se concentran en el riesgo político de una eventual alianza con el expresidente Pedro Castillo, cuya administración de 16 meses acumuló más de 70 modificaciones en el gabinete ministerial y fue calificada como inestable.
Dos modelos de gestión frente a la crisis de seguridad
La agenda de Keiko Fujimori en su cuarta postulación presidencial prioriza la aplicación de mano dura para combatir las redes de extorsión y las estructuras delictivas en el país. Su plan económico busca dar sostenibilidad a las inversiones locales y extranjeras, operando con un equipo técnico especializado bajo el marco constitucional vigente y respetando la autonomía del Banco Central de Reserva para controlar los índices inflacionarios. La candidata ha catalogado de manera insistente la propuesta de su oponente como una vía hacia el desorden político.
Roberto Sánchez, por su parte, afirma que mantendrá los canales abiertos para la inversión de capitales de potencias globales como Estados Unidos y China, aunque bajo la condición de abrir procesos de renegociación en los contratos de explotación de recursos naturales, específicamente en las actividades mineras y de gas natural.
El representante nacionalista acusa a la bancada de Fuerza Popular de haber promovido en el parlamento un conjunto de normativas denominadas leyes procrimen. Sánchez sostiene que su primera medida ejecutiva si asume el poder será articular alianzas con otras fuerzas partidarias en el Congreso para derogar dicho paquete normativo.
Las leyes cuestionadas por Sánchez contemplan las siguientes modificaciones legales:
- Eliminación de los mecanismos de detención preliminar cuando no existe situación de flagrancia.
- Restricciones para procesar a las organizaciones políticas bajo la tipificación de agrupaciones criminales.
- Incremento en las exigencias procesales para ejecutar la confiscación de bienes a bandas delictivas.
- Trabas procedimentales para el desarrollo de allanamientos y la aplicación de la colaboración eficaz.
La urgencia por legislar en materia de seguridad responde a una tendencia donde las denuncias por extorsión se multiplicaron por cinco y los registros de homicidios se duplicaron a nivel nacional durante el último lustro.
Perspectivas económicas y gobernabilidad institucional
La evaluación efectuada por la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings proyecta que un triunfo de Fuerza Popular dinamizaría el flujo de capitales privados y la puesta en marcha de proyectos de infraestructura. En contraste, una administración liderada por Juntos por el Perú elevaría la incertidumbre financiera en lo referente a las tasas impositivas, el cobro de regalías, el respeto a la estabilidad de los contratos y el nivel de intervención estatal en la economía.
A pesar de estas diferencias en los planes de gobierno, la calificadora advierte que la marcada fragmentación en el Congreso bicameral —donde ningún partido cuenta con mayoría propia— sumada al historial institucional de Perú, que registra ocho gobernantes en un lapso de diez años, impondrá restricciones severas para que cualquiera de los dos candidatos pueda materializar reformas de carácter estructural.
No obstante el panorama de volatilidad en la conducción política, el Banco Central de Reserva del Perú consiguió estabilizar las variables monetarias, cerrando el periodo anual de 2025 con una inflación acumulada de 1,5%, consolidándose como una de las tasas macroeconómicas más reducidas a nivel global.
