Especial
CHETUMAL.— Las contrataciones millonarias del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) con empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por su presunta cercanía con la ahora expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, colocan tambien bajo escrutinio la gestión de la actual consejera presidenta Rubí Pacheco Pérez.
En la gestión de Pacheco Pérez, quien esta al frete del Ieqroo, desde 2022, se llevaron a cabo algunas operaciones se realizaron mediante adjudicaciones directas y forman parte de los antecedentes de una red de proveedores señalada en investigaciones periodísticas nacionales.
Los contratos conocidos y reportados de Cajas Graf, S.A. de C.V., entre 2021 y 2025 superan los 56 millones de pesos, sin incluir una adjudicación directa a Corporativo Zeg, S.A. de C.V., realizada en 2024, cuyo monto no ha podido establecerse con la documentación consultada. Las cifras correspondientes a dos procedimientos de 2021 permanecen sujetas a verificación documental.
Ambas compañías forman parte de un grupo empresarial señalado en investigaciones nacionales por posibles irregularidades en contrataciones públicas, conflictos de interés y simulación de competencia.
Los antecedentes de estas contrataciones en Quintana Roo se remontan, al menos, a 2021, cuando Cajas Graf obtuvo contratos para suministrar materiales utilizados en los procesos electorales locales.
Entre los procedimientos identificados se encuentra el IEQROO/LPN/008/2021, atribuido a Cajas Graf por 10 millones 899 mil 871.33 pesos, así como el IEQROO/PIR/016/2021, por 345 mil 994.13 pesos, mediante invitación restringida.
Estos dos montos, consignados en antecedentes de contratación, requieren cotejo con los expedientes originales para establecer sus condiciones y alcances definitivos.
En 2022, la misma empresa obtuvo un contrato por 29 millones 802 mil 439.28 pesos, mediante la Licitación Pública Nacional IEQROO/LPN/007/2022, para elaborar y suministrar materiales destinados a los simulacros y a la jornada electoral del 5 de junio de ese año, cuando Quintana Roo eligió gubernatura y diputaciones locales.
La contratación se realizó durante la presidencia de Mayra San Román Carrillo Medina en el IEQROO, antes de que Guadalupe Taddei asumiera la conducción del INE, en abril de 2023.
En conjunto, los tres procedimientos de 2021 y 2022 representan 41 millones 48 mil 304.74 pesos, aunque dos de los montos de 2021 aún deben corroborarse directamente con la documentación contractual.
Empresas relacionadas
Un documento oficial del IEQROO, fechado el 14 de marzo de 2022, registra la participación de Cajas Graf, Corporativo Zeg y Formas Finas y Materiales en la junta de aclaraciones de un mismo procedimiento de contratación.
Las empresas estuvieron representadas, respectivamente, por Fernando Edgardo Hermosillo Contreras, Jesús Octavio García González y María Margarita Carranza Sordo.
La coincidencia resulta relevante porque una investigación de Contralínea, publicada en noviembre de 2023, identificó a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas como propietarios de Cajas Graf y Corporativo Zeg.
La participación de empresas relacionadas en un procedimiento de contratación no constituye, por sí misma, una prueba de simulación de competencia. Sin embargo, representa un antecedente que cobra importancia frente a las investigaciones nacionales sobre posibles prácticas de colusión entre proveedores electorales.
Adjudicación directa
La relación contractual de este grupo empresarial con el IEQROO continuó durante el proceso electoral de 2024, bajo la presidencia de Rubí Pacheco Pérez.
De acuerdo con la Memoria del Proceso Electoral Local 2024, publicada por el propio instituto, el 25 de marzo de ese año se adjudicó directamente a Corporativo Zeg el suministro de materiales para las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales.
El documento, en su página 135, señala que el Consejo General facultó a la Dirección de Administración, conforme al artículo 32 de su reglamento, para realizar la adjudicación.
La adquisición incluyó 2 mil 600 urnas para ayuntamientos, 2 mil 600 urnas para diputaciones locales y 2 mil 600 canceles electorales, además de cajas para paquetes electorales, etiquetas en braille, bases para urnas y otros insumos.
El monto de esta contratación no ha podido establecerse con la documentación consultada, por lo que permanece pendiente determinar el importe total pagado a Corporativo Zeg y las razones específicas que justificaron la adjudicación directa.
Rubí Pacheco Pérez asumió la presidencia del IEQROO el 3 de noviembre de 2022, en sustitución de Mayra San Román Carrillo Medina, después de ser designada por el Consejo General del INE para el periodo 2022-2029.
En 2025, Cajas Graf volvió a obtener un contrato del organismo electoral, esta vez por aproximadamente 15 millones de pesos, para suministrar materiales utilizados en la elección judicial, según una investigación publicada por Grupo Animal este 27 de octubre.
Con este último contrato, los montos conocidos y reportados de las contrataciones de Cajas Graf entre 2021 y 2025 superarían los 56 millones de pesos, sin incluir la adjudicación de Corporativo Zeg de 2024 y sujetos a la verificación de los importes correspondientes a 2021.
Los señalamientos sobre las contrataciones de estas empresas en Quintana Roo no comenzaron con el escándalo nacional que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei.
En marzo de 2024, Víctor Améndola Avilés, representante perredista ante el organismo electoral de Campeche, denunció públicamente presuntas irregularidades en las compras de materiales electorales del IEQROO.
La denuncia, difundida entonces por Noticaribe, mencionó a Cajas Graf, Corporativo Zeg y Formas Finas, además de formular cuestionamientos a la administración del instituto.
Estas acusaciones no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
Conexión nacional
El caso de Quintana Roo adquiere relevancia después de las investigaciones periodísticas que vincularon a José Alfredo Hernández Casillas con una red de empresas proveedoras de materiales electorales en distintas entidades del país.
Una investigación de La Jornada, publicada el 26 de octubre, identificó al menos 49 contratos por aproximadamente mil 450 millones de pesos otorgados entre 2018 y 2025 a empresas relacionadas con el empresario, tanto por el INE como por organismos públicos locales electorales.
Por su parte, El Financiero reportó la participación de Corporativo Zeg en 36 procedimientos de contratación con organismos electorales de 14 entidades federativas.
Entre las empresas mencionadas en las investigaciones también aparece TOL Producciones, vinculada con una contratación federal por aproximadamente 197 millones de pesos para materiales de la elección judicial de 2025.
Hasta ahora, no se ha acreditado documentalmente que TOL Producciones haya recibido contratos del IEQROO.
Las investigaciones nacionales también identificaron a Jonathan Navarrete Torres, trabajador anteriormente adscrito a la Presidencia del INE, como apoderado legal de Corporativo Zeg.
Otro nombre que aparece en los antecedentes es Jesús Octavio García González, representante de esa empresa en procedimientos de contratación, quien posteriormente ocupó la Dirección Ejecutiva de Administración del INE.
Estos vínculos forman parte de los señalamientos que llevaron a revisar posibles conflictos de interés en la contratación de proveedores electorales.
Investigación federal
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el 23 de octubre una investigación de oficio por posibles irregularidades en contrataciones del INE y organismos públicos locales electorales.
La revisión contempla posibles conflictos de interés, colusión entre empresas y triangulación de recursos públicos.
El Órgano Interno de Control del INE también reportó la apertura de investigaciones relacionadas con contrataciones y declaraciones de intereses de funcionarios y proveedores.
Guadalupe Taddei rechazó haber favorecido a empresas contratistas y sostuvo, antes de su renuncia, que la Presidencia del INE no tenía proveedores favoritos.
Las investigaciones no han establecido, hasta ahora, responsabilidades definitivas por las contrataciones del IEQROO descritas en esta información.
Sin embargo, los antecedentes documentales muestran que empresas vinculadas a un mismo grupo empresarial obtuvieron contratos del organismo electoral de Quintana Roo durante distintas administraciones, mediante licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.
El alcance económico completo de esas operaciones, las condiciones en que se adjudicaron y la eventual existencia de conflictos de interés permanecen como aspectos pendientes de esclarecimiento.
