Alejandro Peza
BACALAR.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ejercer su facultad de atracción para conocer el caso promovido por niñas, niños y adolescentes mayas residentes en Quintana Roo, quienes cuestionaron la construcción de una casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en las inmediaciones de la Laguna de Bacalar.
El asunto quedó identificado como Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 629/2026, y coloca bajo análisis de la justicia federal un conflicto relacionado con la protección ambiental, los derechos de la niñez y los derechos de comunidades indígenas frente al desarrollo de infraestructura en una zona considerada de alta importancia ecológica y social.
El caso surgió a partir de la inconformidad de un grupo de niñas, niños y adolescentes de origen maya que recurrieron a la vía judicial para impugnar la continuidad de las obras de una casa de descanso perteneciente a la SEDENA, al considerar que la construcción podría generar afectaciones al entorno natural de la Laguna de Bacalar y, con ello, repercusiones en los derechos de las nuevas generaciones que habitan en esta región de Quintana Roo.
El litigio llegó a la instancia federal luego de que un juez determinara que no existían elementos suficientes para acreditar la existencia de un daño real e inmediato que justificara impedir la continuación de los trabajos.
Esta determinación fue cuestionada por los promoventes, quienes sostuvieron que la protección del medio ambiente no debe limitarse únicamente a daños que ya se hayan materializado, particularmente cuando se encuentran en riesgo ecosistemas de gran importancia y derechos de niñas, niños y adolescentes.
SCJN analizará la relevancia del caso
La decisión de la Suprema Corte de atraer el expediente representa un paso relevante, debido a que permitirá que el máximo tribunal del país examine los argumentos planteados en el juicio y determine si el asunto reúne elementos de importancia y trascendencia suficientes para que sea estudiado directamente por sus integrantes.
En este caso, el conflicto involucra diversos temas de especial sensibilidad como es la protección de los recursos naturales, el principio de prevención ambiental, los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como los derechos de personas y comunidades indígenas.
La controversia también atiende la necesidad de analizar los posibles efectos que una obra puede generar sobre un ecosistema antes de que las afectaciones sean irreversibles.
Un dato importante es que uno de los aspectos que distingue este procedimiento es la participación de niñas, niños y adolescentes mayas residentes en Quintana Roo, quienes asumieron el papel de promoventes para defender lo que consideran sus derechos ambientales y colectivos.
La participación de menores de edad en un litigio de esta naturaleza adquiere relevancia debido a que las decisiones que se adopten actualmente sobre el uso y conservación de los recursos naturales pueden tener consecuencias durante las próximas décadas.
Los promoventes han señalado la necesidad de aplicar una visión preventiva y de largo plazo, tomando en consideración que los daños ocasionados a determinados ecosistemas pueden ser difíciles o incluso imposibles de revertir una vez que se presentan.
Otro dato relevante es que el interés jurídico del expediente 629/2026 podría superar el ámbito local, debido a que la resolución que eventualmente emita la Suprema Corte podría establecer criterios aplicables a otros conflictos relacionados con proyectos de infraestructura, protección ambiental y derechos de comunidades indígenas.
