Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La operación de los apoyos funerarios del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto se encuentra bajo cuestionamiento ante señalamientos sobre un posible conflicto de interés, presuntos vínculos entre funcionarios municipales y una empresa funeraria, así como diferencias entre el precio establecido en un contrato y los montos que habrían sido pagados.
Fernando Gómez Gómez, señalado como socio con una participación del 50 por ciento en Funerarias Cancún, habría sido designado director del DIF Municipal de Felipe Carrillo Puerto, organismo relacionado con la canalización de apoyos funerarios.
También se menciona a Victoria Abigail Gómez Gómez, identificada como exempleada de la misma empresa y suplente electoral, quien presuntamente habría tenido participación en el proceso de pagos desde la Tesorería municipal.
Uno de los puntos centrales de los señalamientos corresponde a 79 apoyos funerarios registrados, de los cuales 71 habrían sido pagados a razón de 4 mil 500 pesos por servicio, pese a que el contrato referido establecería un costo de 2 mil 900 pesos.
La diferencia sería de mil 600 pesos por servicio, equivalente a un sobreprecio aproximado de 55.2 por ciento.
El cálculo para esos 71 servicios arroja 319 mil 500 pesos pagados, frente a 205 mil 900 pesos que habrían correspondido conforme al precio contractual, generando una diferencia de 113 mil 600 pesos.
Además del negocio de las funerarias hay otra irregularidad financiera por 11 millones 204 mil 257 pesos correspondientes al rubro de ayudas sociales, que presuntamente permanecerían sin comprobar por ejercicios de 2024 y el primer semestre de 2025.
Según los registros presupuestales citados, durante 2024 se habrían devengado alrededor de 5 millones 100 mil pesos, mientras que en 2025 se reportarían aproximadamente 6 millones 150 mil pesos.
Otro aspecto señalado es la presunta falta de publicación en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, conocido como SIPOT, dentro de la documentación relacionada con el contrato de la funeraria, situación que habría sido advertida en revisiones correspondientes a 2021, 2023 y 2024.
A los cuestionamientos se suma un señalamiento patrimonial relacionado con la presidenta municipal Maricarmen Hernández Solís, a quien se atribuye la propiedad de dos funerarias con crematorios, una en Tulum y otra en Cancún.
Asimismo, información difundida refiere que la alcaldesa habría registrado a su nombre una camioneta GMC Sierra 4×4 Denali, modelo 2025, con un valor aproximado de un millón 941 mil 400 pesos.
Un dato importante es que estos elementos generan cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la forma en que se asignaron y ejercieron recursos públicos y hasta ahora Mary Hernández no se ha declarado sobre estos asuntos.
